LIBER ANDRADE SALAZAR
En la pelea entre leninistas y morenistas, ambas facciones representantes de una nefasta década política, los ecuatorianos empezamos a conocer el proceder de funcionarios de alto nivel, que usaban todo mecanismo posible para acallar aquel que ose fiscalizar la acción estatal o critique en virtud del pensamiento distinto, contrariando así el derecho de pluralidad política del pueblo consagrado en el Art. 108 de la Constitución.
La revolución ciudadana ofrecida no fue tal, su objetivo fue dar cabida a una nueva generación de personas que en base a la cacaraqueada bronca contra la “partidocracia” se apoderaron del poder político y en virtud de ello pasar a la posteridad como los nuevos ricos; para ello no dudaron en usar herramientas legales e ilegales.
Ha sido común entre ellos el espionaje y contraespionaje; la coima en los contratos sujetos a control y de emergencia; el uso de paraísos fiscales para ubicar el dinero ilícito porque los techos de las viviendas eran insuficientes y los testaferros cobraban altas comisiones para seguir prestando sus nombres; la colocación deliberada de droga al compañero u opositor que cayó en desgracia para callarlo; la existencia de grupos de narcos-mafiosos en la vida política nacional, pues no es casual el decomiso de droga y crecimiento del micro tráfico; justicia con jueces nóveles que cumplen mandatos del funcionario-mandante de turno; en fin concursos de méritos y oposición que elegían a cuantos sicarios públicos necesitaba el régimen.
Entonces no dejemos la dirección política y económica solo a los representantes de la democracia indirecta; por el contrario debemos actuar, vigilar y denunciar toda acción ilegítima de unos cuantos en beneficio de su grupo, en tanto la gran mayoría con problemas para acceder a educación, trabajo, salud y justicia social.