EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Cuarenta años van a cumplirse desde cuando el puerto comercial de Las Palmas entró en servicio y los beneficios programados para la ciudad capital y la provincia no han llegado, presumiendo muchos, que han sido pospuestos para las calendas griegas.
Con la presencia del expresidente de la República, Jaime Roldós Aguilera (+), siendo titular de Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE), Nelson Ortiz Stefanuto, un caballero de elevado valor moral e intelectual, fue inaugurado en 1979 la primera etapa del puerto, que había estado programado desde 1822 por el Libertador Simón Bolívar y había tardado tanto en construirse, por negligencia de los de aquí y obstrucción de “los de allá”. Todos los de acá creímos que las obras fundamentales de la tierra de los Chibchas, Juan José Franco y Malo, Luis Vargas Torres y Roberto Luis Cervantes iba a alcanzar el desarrollo añorado por todos.
Mas, no resultó así. Antes de lo que se pensaba alguien tuvo en su mente la “brillante idea” de concesionarlo a precio de gallina enferma y, pese a la tenaz oposición de los gremios de periodistas y directivos patriotas de formación popular, los vendepatria ganaron la batalla, consiguiendo la adjudicación de ese bien esmeraldeño a una empresa sin antecedentes en la administración de puertos. Más de cinco años debió esperar el pueblo para recuperar su complejo, en 2010, sin embargo, las obras producto de la lucha de los comunicadores sociales colegiados y la insurgencia popular, no han llegado hasta el momento, con la excepción del bello malecón del balneario de Las Palmas y el Puerto Pesquero Artesanal.
APE no ha aportado para la educación, el deporte, la cultura, la vialidad ni la recreación de esta comarca. Sí, en cambio, hay personas y pequeños grupos enriquecidos a costa del puerto, inclusive con altos cargos políticos del Estado. Es hora de que los cuatro legisladores por la provincia de Esmeraldas, conformen en la Asamblea Nacional un equipo que haga saber a la nación que el puerto de Las Palmas no fue pagado por el Estado, como sí ocurrió con los demás del país. Que entre 1979 y 1997, la colectividad heredera de la Cultura Chibcha-Tolita pagó la totalidad del costo de las obras portuarias, incluidos los intereses, al erario, suma que alcanzó más de los 2 mil millones de sucres y por tanto el complejo le pertenece solo a los esmeraldeños.
Por derecho y justicia, los parlamentarios de Esmeraldas deben obtener la aprobación de una Ley Especial que le otorgue a esta provincia usufructo exclusivo sobre los beneficios que el terminal genere, para provecho de su población, la más postergada de la nación, que ha aportado a la grandeza de la patria.