La reforma a Comunicación supera el cariz sancionador. La clave: autorregulación.
La eliminación de la Supercom y de la figura del linchamiento mediático son dos de los pilares de la propuesta de reformas a la denominada “Ley Mordaza” –vigente desde hace 5 años- que el Ejecutivo entregó a la Asamblea.
Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, entregó el documento a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quien se comprometió a tratarlo con “agilidad”.
El funcionario subrayó que “esta propuesta busca dejar atrás un sistema administrativo de sanción y control, y pasar hacia un sistema de perfeccionamiento de los espacios de defensa y protección de los Derechos Humanos”.
Por ello, dijo que se incluyó “eliminar definitivamente” la “mal concebida” Superintendencia de Comunicación (Supercom) y dejar que la Defensoría del Pueblo sea la instancia que otorgue, “de manera inmediata”, las medidas de protección y restitución de derechos.
Sin embargo, posteriormente en un conversatorio con la prensa, Michelena aclaró que esto no significa que las atribuciones que tenía la Supercom para sancionar y multar a los medios pasen a la Defensoría. “No hay control, no hay sanción”, dijo.
Sostuvo que esta entidad solo podrá en última instancia patrocinar demandas de ciudadanos ante la justicia ordinaria, si un medio se niega a reparar sus derechos, a través de los mecanismos de la réplica y la rectificación, con lo cual corresponderá a un juez determinar la sanción.
Compromisos
En el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), a más tardar a inicios de la próxima semana, se prevé una reunión para calificar el proyecto y no se descarta una comisión ocasional para tramitarlo.
EL DATO
La propuesta contempla un plazo de 180 días para el cierre de la Supercom.“Estamos seguros que será un motivo de intenso debate. Es una ley que desde el inicio fue extremadamente cuestionada, controvertida”, apuntó Cabezas.
Para el Gobierno, el propósito es actualizar esa Ley “acorde a normativas y tratados internacionales, y reflejar el fin de la confrontación a medios de comunicación, actores políticos y ciudadanía en general”.
Además, se prevé que en los próximos días el presidente, Lenín Moreno, solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la calificación constitucional de la declaratoria de la comunicación como un servicio público, impulsada en el anterior Régimen. (RVD)
Puntos relevantes de la reforma
° Además de la Supercom y el linchamiento mediático, se suprimen los artículos relacionados con la existencia del defensor de las audiencias y los medios de comunicación públicos de carácter oficial.
En el proyecto consta la creación de un Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, así como la reclasificación de los medios públicos, en públicos al servicio institucional y públicos al servicio de los ciudadanos.
80
artículos y 10 disposiciones generales y transitorias componen este proyecto.Para estos últimos, en los que se incluirá a Ecuador TV o El Telégrafo, se elaborará un reglamento sobre funcionamiento y financiación.
También considera la organización de un concurso “abierto y transparente” de frecuencias para medios privados y comunitarios, y se plantea una asignación directa de frecuencias para las nacionalidades indígenas.
Sobre censura previa, del artículo 18 se elimina el párrafo que indica: “los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa”.
Se mantienen los artículos relacionados con la protección a niños, niñas y adolescentes, el fomento intercultural y plurinacional.
No se toca, además, la protección de las comunicaciones personales, los derechos de los comunicadores como la cláusula de conciencia, la reserva de la fuente, además de los derechos laborales.