Santiago Armijos Valdivieso
Una de las condiciones fundamentales para que una nación viva bajo el amparo de un estado de derecho es la independencia de las funciones que lo integran y fundamentalmente de la función judicial; lamentablemente en el gobierno anterior dicha independencia se ha visto gravemente afectada por la injerencia de la función ejecutiva que con desparpajo y bajo pretexto de “mejorar” la justicia ecuatoriana ha metido las manos en ella, superando de largo los errores y arbitrariedades cometidas en el pasado, en el que también existieron sonados y alarmantes irrespetos a la difícil labor que cumplen las casas de justicia en el país.
Este peligroso problema se ve agravado por la incultura del irrespeto a la jerarquización de las normas jurídicas, en la que se dictan y aplican actos administrativos que contradicen reglamentos, reglamentos y ordenanzas que irrespetan leyes, y en algunos casos leyes que inobservan la Constitución, lo cual provoca inseguridad jurídica, incertidumbre y desorden social.
¿Qué se puede hacer para que esto cambie? Sancionar con todo el peso de la ley a las autoridades que han ejercido presión política en los jueces y que han sido plenamente identificadas por la prensa; suprimir la atrofiada Función de Transparencia y Control Social; cesar a todas aquellas autoridades designadas por el irresponsable Consejo de Participación Ciudadana; y realizar cambios constitucionales y legales que permitan procesos de selección idóneos y blindados contra la politiquería para la designación de autoridades de control y por supuesto para la elección del Consejo Nacional de la Judicatura, con la participación de sector sociales verdaderamente independientes, como por ejemplo tribunales de honor de los colegios de abogados, decanos de las facultades de jurisprudencia y misiones designadas por la ONU o la OEA. (O)