LIBER ANDRADE SALAZAR
Si en la década anterior criticábamos el uso de la justicia en contra de quienes disentían del gobierno, hoy no puede actuarse del mismo modo, eso sería evidenciar el adagio popular-jurídico y bíblico antiguo: ojo por ojo, diente por diente. La Dra. Daniela Camacho, es la Jueza de la Corte Nacional de Justicia que vigila el juicio de asociación ilícita y secuestro del señor Fernando Balda, donde son investigados policías nacionales y varios funcionarios del anterior gobierno e incluso se ha vinculado al ex presidente Rafael Correa.
La jueza, con fecha 18 de junio de 2018, dispuso que el ciudadano Rafael Correa se presente cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia, pese a que Fiscalía pidió se le coloque un dispositivo electrónico al procesado quien vive en el Reino de Bélgica. Al no presentarse se ha librado orden de captura.
El neo constitucionalismo vigente en Ecuador hace que los jueces sean garantes de los derechos de las víctimas y victimarios, debiendo en las resoluciones aplicarse las normas constitucionales, tratados y convenios internacionales de derechos humanos y la ley. Sin embargo, la Dra. Daniela Camacho usó reglas legales y no principios intrínsecos a la privación de libertad ni a la Paz Social, lo cual ha derivado en un calentamiento de las calles e impulso político a la figura tirana del expresidente.
Los ecuatorianos esperamos que las Funciones del Estado actúen con toda independencia y competencia del caso que permita materializar una cultura de paz para el desarrollo sostenido de una sociedad democrática; pues si hay un anuncio de evaluación de jueces de Corte Nacional, que no sea esta clase de resoluciones las que permitan permanecer en sus puestos, sino la aplicación del derecho en su conjunto y sobre todo de la justicia en su máxima expresión.