LIBER ANDRADE SALAZAR
El Dr. Marcelo Merlo, Presidente del Consejo de la Judicatura ha dicho que hasta diciembre de 2018 se evaluarán a los jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y personal administrativo del Sistema Nacional de Justicia, empezando por los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Que a más de los parámetros de calidad y cantidad de fallos se considerarán: conducta, patrimonio, idoneidad, conocimiento, uso de la jurisprudencia y sistema satje, gestión de procesos, motivación, desarrollo profesional, audiencias fallidas. Proceso donde habrá impugnación ciudadana.
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por órganos de la Función Judicial (Art. 167 CRE); sin embargo, en los últimos años se la politizó, ejerciéndosela desde el Poder Ejecutivo y con un Consejo de la Judicatura: Transitorio y Definitivo que usó la presión, el error inexcusable y por último designando jueces y funcionarios vinculados de cualquier forma al régimen de turno; rompiéndose el principio de independencia interna y externa (Art. 168.1 CRE), con lo cual los jueces no obraban con la imparcialidad y competencia del caso ante los pedidos de justicia de víctimas, victimarios y más usuarios.
La ciudadanía estará alerta a la evaluación que develará los resultados maquillados entregados en abril pasado por el cesado Consejo de la Judicatura, donde se dijo, realizó una evaluación técnica de los últimos 1.818 jueces de Cortes Provinciales, tribunales distritales y unidades judiciales del País. La Academia, el Foro y los ecuatorianos queremos una Función Judicial convertida en el verdadero termómetro de paz social, con fallos justos y motivados que contemplen la normativa constitucional, supranacional, jurisprudencia nacional e internacional y por supuesto la ley nacional.