Vigilancia perversa

JORGE ZAMBRANO ANDRADE

El crecimiento si así puede llamársele del Producto Interno Bruto registrado el año pasado fue francamente frustrante. Lo peor es que, a pesar de los insensibles esfuerzos de las autoridades financieras y monetarias del país por bajar la inflación. Detrás de esas variables de crecimiento del PIB e inflación está el dramático control del gasto público, sobre todo en construcción de infraestructura, salud y educación.

No obstante el sacrificio experimentado por muchos, entre empresarios, gobierno y analistas financieros sigue insistiéndose en que la política adoptada es la más responsable y adecuada para construir una estabilidad de precios sobre la cual se pueda, en el futuro, hacer crecer la economía en forma sana, y con ello elevar empleo, salarios y bienestar social.

Sin embargo, el empobrecimiento del agro obedece a muchas causas, diferentes de la suscripción de dicho Tratado, cuya cancelación sólo empeoraría las condiciones actuales de operación de muchas otras ramas de la economía nacional.

Es cierto que para elevar los niveles de vida del campesino, la proporción de la fuerza de trabajo dedicada al cultivo de la tierra y actividades conexas debe bajar sensiblemente, pero eso no necesariamente debe hacerse a través de la emigración a las ciudades, o peor aún, a Estados Unidos en las condiciones que sean, sino impulsando otras actividades productivas en el campo mismo, tales como talleres y pequeñas industrias, servicios diversos de apoyo al procesamiento y circulación de alimentos y materias primas, de manera que la gente encuentre un modo de vida en sus lugares de origen, y no tenga que huir de ellos. El reto es efectuar una gran transformación del agro, desde luego en un contexto de democracia creciente, pluralismo político y contiendas electorales entre diferentes partidos políticos. Es tiempo de que gobierno, fuerzas políticas, legisladores y organizaciones sociales comiencen a cambiar para, poner el crecimiento económico y la estabilidad al servicio de la justicia social. No se trata de volver al populismo ni a la demagogia económica que tanto afectó precisamente a los asalariados y a los campesinos, sino de asignar de la mejor manera posible los medios escasos con los que contamos.

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