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60% de inversiones en sector minero, detenido a espera de seguridad judicial

AGO, 14, 2018 |

EXPECTATIVA. Las autoridades esperan que la minería sea el 4% del PIB en 2021.

Autoridades de Francia y Canadá muestran temor ante inseguridad jurídica. Las actividades se han reducido. 
 

Como consecuencia directa del reciente fallo que ratificó la suspensión de actividades en el proyecto minero Río Blanco, ubicado en la parroquia de Molleturo, Azuay, las empresas mineras que realizan trabajos de exploración, en todo el territorio nacional, han dejado en espera el 60% de sus inversiones, con el fin y hasta que se hagan visibles las señales claras de seguridad jurídica en el sector.

René Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME), explicó que la sentencia de la Corte Provincial de Cuenca ya está afectando a los proyectos mineros existentes y futuros, creando una alta incertidumbre de inestabilidad jurídica, que ha generado un conflicto político entre autoridades competentes del Estado ecuatoriano.

Todo esto provoca un impacto directo en la confianza sobre los compromisos adquiridos entre los inversionistas y el Estado.

“La primera señal de alerta fue la Consulta Popular, en la que se incluyó la pregunta sobre minería, a pesar de que todas las restricciones ya estaban establecidas en la normativa vigente. Ahora, con el dictamen de Río Blanco y la reversión de pequeñas concesiones, sobre todo en Amazonía, los inversionistas no saben si sus proyectos serán respetados”, dijo.

Además recalcó que no se trata de defender a ultranza a las mineras, porque en el caso del proyecto Mirador, tanto inversionistas, expertos y colegios profesionales apoyan la suspensión hasta que se cumplan todos los requisitos ambientales.
 

Preocupación 
Por su parte, Henry Troya, viceministro de Minería, aseveró que, a través de Cancillería, han recibido cartas de autoridades de países como Francia y Canadá, cuyas empresas tienen importantes inversiones en el sector minero, pidiendo explicaciones y manifestando su preocupación por el presente y futuro de los proyectos mineros.

“El país no se puede dar el lujo de dejar de lado ningún sector. La minería puede contribuir a disminuir la dependencia del petróleo. Lamentablemente, se ha politizado la discusión sobre el verdadero impacto de las actividades mineras”, contó.

Sin embargo, aunque las empresas han decidido, por precaución, ejecutar el 40% de sus inversiones y en algunos casos pasar de 12 a 3 pozos de exploración, las autoridades todavía están a tiempo para evitar daños irreversibles para el país.

“Hay que aprender de los 1.000 millones que tuvimos que pagar por la caducidad del contrato de la petrolera Oxy. Se necesita un esfuerzo de socialización a toda la sociedad, además de las acciones legales para revertir las sentencias”, puntualizó.
 

Extracción ilegal 
Otro ejemplo de la falta de seguridad jurídica en el sector es que los 3.800 mineros artesanales, cuya actividad es de subsistencia, todavía no están completamente legalizados. 

Solo cuentan con el permiso de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), pero ante los retrasos en la implementación del ‘Plan de Formalización de Mineros Artesanales’, no tienen los permisos ambientales y de agua. Mientras tanto sigue corriendo el plazo de 90 días para cumplir con estos requisitos, lo que pone en peligro su trabajo y los puede hacer presa fácil de la minería ilegal. (JS)

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