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La CC violó derechos ciudadanos, establece evaluación

AGO, 14, 2018 |

ORGANISMO. La Corte ha resuelto, en medio de su evaluación, varias causas represadas por años.

Las demoras en casos emblemáticos y su apego a la línea política del Gobierno anterior son las principales críticas. 
 

El informe de la evaluación a la Corte Constitucional, hecha por el Consejo transitorio de Participación Ciudadana, dedica un capítulo a los que considera casos emblemáticos que están o estuvieron en tratamiento por parte del organismo constitucional. 

Se los considera así por la importancia que tuvieron en la opinión pública, por la gravedad de los asuntos que trataban, o las vulneraciones a Derechos Humanos en las que resultaron. 

“El trato que estas causas han recibido por parte de la Corte pone en tela de duda la tutela judicial efectiva”, consta en el texto, al que tuvo acceso La Hora. “Solo una mínima parte de los casos emblemáticos que presentamos han sido resueltos y sus resoluciones, autos y dictámenes no son dignas del más alto Tribunal de Justicia que debe tener el Estado”, establece. 
 

Algunos temas específicos 
En el informe se detalla casos cuyas sentencias están pendientes a pesar de los años que han pasado desde que fueron presentadas o que ya resolvieron tarde, coincidiendo con esta evaluación. 

Por ejemplo, sobre el tema de la Cervecería Nacional, tras una demanda de los extrabajadores, detalló: “La sentencia se hizo fuera de un plazo razonable. Además, coincidió con el inicio del período de evaluación por parte de este Consejo. (…)”. 

También se analiza el caso de Pamela Troya y Gabriela Correa, quienes habían solicitado al Registro Civil su matrimonio. Pero ante la negativa, presentaron la Acción de Protección.

“Una vez admitida a trámite, según la ley, la Corte tenía 30 días. Han pasado más de cuatro años, lo que evidencia una lentitud”, con el riesgo de que el Estado sea demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la “pasividad de los jueces de la CC”. 

El informe también habla sobre la demora en el caso de la niña Satya, donde se exigió que se la inscriba con el apellido de las dos madres.

El análisis establece que la Corte aceptó a trámite la acción en 2012, cuando la niña tenía un año, y resolvió de manera expedita el 29 de mayo de 2018; “es decir, cuando Satya tenía algo más de 7 años 5 meses, dejándola en absoluta indefensión”.

Un caso pendiente es el de Mery Zamora, expresidenta de la UNE. Fue acusada de presunto delito contra la seguridad interna del Estado, por el Gobierno de Rafael Correa. 

En primera y segunda instancias fue encontrada culpable. Pero el 2 de junio de 2014 la Corte Nacional de Justicia, a través del recurso de casación, ratificó su inocencia. 

Pero el exfiscal Galo Chiriboga presentó una acción de protección contra los jueces. “La Corte debió rechazarla”, establece el informe.
 

Conclusiones 
Entre las 13 conclusiones, se establece que el trabajo de esta Corte es una muestra de que no ha existido independencia de quienes estuvieron en el poder. “Las decisiones de la Corte están de la mano de la línea política temporal”.

Además, que la Corte ha vulnerado derechos fundamentales y ha tenido una continua actuación violatoria del plazo razonable, dejando de lado su función principal, como los intérpretes y magistrados armonizadores de Derechos Humanos.

Señala también que ha superpuesto intereses del Estado y de empresas privadas y públicas, incluso refiriendo acciones dedicadas a proteger derechos para limitar responsabilidad de personas jurídicas y dejar en desprotección a la sociedad civil. (HCR)


Sobre los jueces

Lo que dice el informe

°  ALFREDO RUIZ, presidente 
En la hoja de vida que entregó para el concurso omitió que en 2007 fue designado como miembro de la Comisión Especial de Modernización de la Legislación Ecuador, creada por el presidente Rafael Correa. En las elecciones de 2006 fue candidato a diputado por Guayas por RED, candidatura que tampoco hizo constar en su hoja de vida. En 1990 fue diputado alterno de Raúl Patiño por el Partido Socialista. 

Designación: no hay observación particular. 

Ámbito judicial: indagación previa por presunto prevaricato.
°  Pamela Martínez, vicepresidenta
Su mayor experiencia la acumula como asesora de Rafael Correa. El 18 de marzo de 2009 envió una carta a las autoridades de varias entidades públicas, en la que decía que: “en el Despacho Presidencial cuentan con una base de datos de hojas de vida de ciudadanos comprometidos con el proyecto de la revolución ciudadana…”. 

Designación: nombramiento ilegítimo, por habérsele otorgado puntos en la fase de méritos por un título de doctorado que la candidata no tenía ni tiene.

Ámbito judicial: Indagación previa por presunto prevaricato. 
°  Roxana Silva 
Fue vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2011 y 2015.  En 2009 fue consejera de Participación Ciudadana. Fue cuestionada por su cercanía a los movimientos aliados a PAIS. 

En 2015 fue asesora de la Presidencia del Consejo de la Judicatura cuando su titular era Gustavo Jalkh. Según el informe, en el caso de Cervecería Nacional, la jueza debió excusarse, por ser accionista de la empresa con 50 dólares.

Designación: no hay observación particular. 

Ámbito judicial: indagación previa por supuesto lavado de activos.
°  Tatiana Ordeñana 
Trabajó como consejera de Participación Ciudadana, durante los meses que duró el concurso para la selección de jueces de la primera Corte Constitucional. Como consecuencia fue autoridad designadora y autoridad designada. En el 2008 fue asesora de la Secretaría Técnica del Ministerio del Litoral, en el período de Ricardo Patiño. Fue consultora de Projusticia, dirigida por Gustavo Jalkh. 

Ordeñana está casada con Marco Navas. El matrimonio civil se celebró en el Palacio de Carondelet y fue oficiado por el expresidente Correa.
Designación: nombramiento ilegítimo por habérsele otorgado puntos que no correspondían en la etapa de méritos.

Ámbito judicial: dos indagaciones previas: una por presunto prevaricato y otra por presunto lavado de activos.
°  Marien Segura 
Es una de las pocas que registra experiencia en la administración de justicia,. En 2010 fue analista de la Coordinación de Rehabilitación Social en la Subsecretaría del Litoral del Ministerio de Justicia. Entre julio de 2010 y enero de 2011 fue coordinadora del Centro de Rehabilitación Social de Varones Guayaquil. Y entre enero de 2011 y diciembre 2011 se desempeñó como coordinadora de la cárcel 2 de Guayaquil. Esos cargos fueron ocupados durante el periodo de José Serrano Salgado como ministro. 

Designación: no hay observación particular. 

Ámbito judicial: dos indagaciones previas por presunto prevaricato.
°  Wendy Molina 
Antes de ser jueza se desempeñó como asistente del Presidente de la Corte Constitucional de Transición, liderada por Patricio Pazmiño, identificado con el correísmo. Su cercanía con Pazmiño fue la principal crítica en su contra. En 2010, Molina fue Abogada de la Procuraduría. 

Designación: nombramiento ilegítimo, ya que en la calificación de méritos recibió puntos por certificados que no acreditaban la experiencia necesaria.

Ámbito judicial: indagación previa por presunto prevaricato.

°  Francisco Butiñá
El informe lo señala como el juez con menos experiencia judicial. Entre 2007 y 2009 fue director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transporte. En 2010, asesor de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Entre 2011 y 2013, asesor del Viceministro del Deporte. Entre 2013 y 2015, Jefe Político de Guayaquil, designado por el exgobernador de Guayas Rolando Panchana. 

Butiñá aparece como “adherente permanente” de Alianza PAIS.

Designación: ilegítima, ya que en méritos recibió puntos por certificados que no debían haber sido validados.

Ámbito judicial: indagación previa por presunto prevaricato.

°  Ruth Seni
Ejerció varios cargos en la administración de justicia. Presidenta de la Corte Superior de Portoviejo, jueza de la Corte Suprema de Justicia, vocal del Tribunal Constitucional. Fue señalada como cercana al Prian de Álvaro Noboa. 

Designación: no hay observación particular. 

Ámbito judicial: 3 indagaciones previas por presunto prevaricato. 
°  Manuel Viteri.
Se ha desempeñado como ministro de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil y de Babahoyo y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Además, magistrado del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2007, y de la Corte Constitucional de Transición desde 2008 hasta 2012. 

Fue vinculado con el PRE. Viteri es medio hermano de Víctor Hugo Sicouret, uno de los principales dirigentes de ese partido. 

Designación: No hay observación particular.  

Ámbito judicial: 3 indagaciones previas: una por presunto enriquecimiento ilícito, otra por presunto prevaricato y la tercera por presunto lavado de activos.

FUENTE: INFORME DE EVALUACIÓN. 

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