El Tribunal Contencioso acogió a trámite la demanda de la constructora Railway 9.
La Justicia resolvió calificar la demanda de la empresa china Railway 9 en contra del Estado ecuatoriano, por la terminación unilateral de un millonario contrato para la construcción de 200 escuelas temporales por un costo de 196 millones de dólares.
Esta demanda, que incluye un reclamo económico por 102 millones de dólares, de los cuales 70 es por dineros invertidos y 42 por daños y perjuicios es “clara, precisa y que cumple con los requisitos legales”. Así la consideran los tres jueces del Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha, Hipatia Ortiz, Fabián Racines y Pablo Castañeda al dar luz verde para el inicio de este trámite.
Se trata de la respuesta legal de la Función Judicial a este recurso presentado formalmente el dos de octubre anterior por el representante de la constructora asiática Zhou Xiaoyu en contra del Ministerio de Educación y de la Procuraduría.
Los magistrados también notificaron del inicio propiamente dicho de este trámite “mediante proceso ordinario” al ministro de Educación, Fander Falconí, y a las autoridades de la Procuraduría, a quienes otorgan un tiempo máximo (término) de 30 días laborales para que respondan a la demanda.
Con esta notificación en la mano, Huayamave Torres, Gerente Técnico Nacional de la empresa, sostuvo que no se incurrió en incumplimiento de plazos ni de especificaciones. Responsabilizó al propio ministerio de impedir que en septiembre de 2017 la empresa cambie sin costo, con cargo a la garantía de 10 años, de adoquines y cerramientos de escuelas ya entregadas
102
Millones reclama al Estado la constructora“Con firmas de las actas de recepción, esas 27 escuelas están ocupadas hace dos años. Por esas escuelas no nos han pagado”, sostuvo Torres luego de señalar que el Ministerio solo entrego 59 predios para las 200 escuelas y que en algunos de esos predios no se pudo construir porque no pasaron pruebas de suelos.
En la práctica, tiene hasta el próximo jueves 13 de diciembre para presentar los argumentos que consideren pertinentes y sobre todo copias certificadas “de la resolución o acto impugnado”, es decir, la orden del Ministerio de Educación, del 13 de julio anterior, de terminar de manera unilateral el contrato por 196 millones de dólares.
La decisión, sin embargo, deja intacta esta orden de terminación del que la viceministra de Educación justificó por incumplimientos del contrato, en particular de los plazos y de “especificaciones” de tipos de pisos y cubiertas y deficiencias en conexiones, paneles, paredes y sistema de bombeo de agua en los complejos educativos.
Hasta las 17:30 de ayer, el Ministerio de Educación no respondía a un pedido formal sobre la posición oficial de la entidad frente a esta decisión. (JCE)
Fin del contrato
Las observaciones
Al terminar unilateralmente el contrato, el 13 de julio anterior, el Ministerio presentó los siguientes justificativos:
° Incumplimiento de plazos del contrato, cuya extensión venció el 9 de junio anterior.
° Incumplimiento de especificaciones establecidas en los términos de referencia del contrato.
° Deficiencias de tipos de conexiones, paneles, paredes y sistemas de bombeo de agua.
° Exceso de multas por sobre lo permitido, 29 millones en total.