Gustavo Ortiz Hidalgo
La resolución del Consejo de Educación Superior de intervenir, una vez más, a la Universidad de Guayaquil revive el debate respecto a los efectos nefastos que la «intervención» tiene en las universidades que la han padecido. La nueva intervención a dicha institución universitaria es un reconocimiento al fracaso de la intervención anterior, por más que ahora quiera argumentarse que, con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, la «Comisión Interventora» tiene más atribuciones y existen mejores condiciones para solucionar el caos en el que se encuentra sumida la Universidad de Guayaquil, precisamente por la «metida de mano» del gobierno totalitario y corrupto del expresidente Correa.
Reiteramos que, en relación con el “sistema de educación superior”, la Constitución norma su finalidad, principios, integración, organismos que lo rigen, creación y suspensión de universidades, autonomía, modalidades de ingreso y financiamiento. Ordena que dicho sistema se regirá por un “organismo público de planificación, regulación y coordinación interna”; y, por un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas.
Como puede observarse, el primer organismo citado (que corresponde al CES de la LOES) no puede “intervenir” a las universidades, ya que sus competencias son las de “planificar”, “regular” y “coordinar” el sistema de educación superior. La “intervención” es una aberración jurídica que viola el principio constitucional de la “autonomía universitaria”, esencia y razón de ser de las universidades y escuelas politécnicas, sin cuyo ejercicio devienen en simples apéndices de un poder totalitario. Después de un siglo el «Manifiesto de Córdoba» sigue vigente, más aún su frase lapidaria: «La juventud está cansada de soportar a los tiranos». (O)