Rodrigo Santillán Peralbo
La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, después de estudiar el expediente durante 40 días, ha decidido llamar a juicio penal al expresidente Rafael Correa Delgado, al exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero y a los policías Raúl Chicaiza y Diana Falcón, por el secuestro del político Balda, ocurrido en 2012, en Colombia. Se trata de un juicio trascendente.
Nadie debería afirmar que han sido acusados porque son perseguidos políticos o que la justicia está politizada o sometida al poder político, como ocurría en la década del correato, en la que por disposición del autoritario Presidente, no se observaba el debido proceso, y tampoco “sus enemigos” ejercían el derecho de defensa, así se les acuse de terrorismo, ofensa a la majestad del Presidente y otras maravillas. Para bien del país, esos tiempos ya pasaron, y será la historia la que se encargue de juzgar esos hechos.
La jueza Camacho ha calificado el caso como secuestro, lo que implica un procedimiento penal que se suspende mientras Correa y Romero sean considerados prófugos de la justicia, porque el uno vive en Bélgica y el otro en España, pero se ha anunciado que se insistirá ante la Interpol para que emita la difusión roja y proceda a la localización y consiguiente captura para que, de inmediato, sean repatriados al Ecuador, a fin de que se reabra el proceso, y “se haga justicia”.
Por ahora, los correístas fanáticos se quedan sin su ídolo. Pocas personas pagan por sus actos corruptos; pero una inmensa mayoría de personalidades de la “década ganada” deberían ser enjuiciadas y encarceladas, si llegase la “cirugía mayor”. Entre tanto, viven felices en sus inconductas sin sanciones, o dirán que son “perseguidos políticos”, para mayor vergüenza nacional.