Liber Andrade Salazar
La metida de manos en la justicia impulsada por el gobierno anterior no tuvo el fin de despartidizarla ni mucho menos de transparentarla con fallos que busquen la paz social. De la información que el Consejo de la Judicatura transitorio y Contraloría General del Estado, vienen entregando a los medios de comunicación y ciudadanía, se infiere que el poder más importante de un Estado Democrático como es la Justicia, está en apuros.
En el ámbito jurisdiccional, la colectividad conoce que se usaron sumarios administrativos con el argumento de investigar el error inexcusable y así desmontar la estructura de los operadores de justicia, para incorporar un séquito de amigos del régimen que elaboraban o les daban haciendo los fallos al gusto de los gobernantes de turno y, como ello se fue transformando en algo normal, varios de esos funcionarios empezaron a utilizar la justicia para convertirse en verdaderos delincuentes de cuello blanco y así aparecer de tiernos e iluminados profesionales del derecho en maduros y robustas personalidades de las ciudades del país; por supuesto con contadas excepciones.
En el campo administrativo, también se conoce que el manejo de concursos de oposición y méritos tanto de jueces, secretarios, fiscales y demás operadores, no eran más que meros formulismos para cumplir supuestamente con la Constitución, porque los cargos prácticamente ya tenían nombres y apellidos; a ello súmese el sobreprecio de obras de infraestructuras mal hechas e incluso el pago de 23´760.000,oo dólares por el denominado sistema “Justicia 2.0” que no funciona y que iba a reemplazar al sistema actual SATJE.
Siendo importante realizar una urgente y profunda intervención en la Función Judicial, para convertirla en el verdadero péndulo del sistema democrático, donde la ciudadanía se beneficie y viva en paz.