Esta semana se dió en el Pleno de la Asamblea Nacional, el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Capitales cuyo objetivo es detectar a dónde fue a parar el dinero producto de la corrupción.
El proyecto contempla recuperar este capital y destinarlo a la inversión social.
La presidenta del parlamento, Elizabeth Cabezas, es la que impulsa este proyecto como un mecanismo para terminar el “círculo vicioso de la corrupción”. Además, dentro del debate se planteó que dicho proyecto “establece herramientas efectivas” para rastrear el dinero.
Cabezas, además, planteó que “el 70% de los ecuatorianos quiere saber dónde está el dinero”.
También, dentro del proyecto se habló de ampliar su funcionalidad con una ley que determine la muerte civil de aquellos que incurrieron en actos de corrupción, y que el mecanismo de cooperación eficaz permita que las personas que conocen de actos reñidos con la ley denuncien y se beneficien de una compensación económica o, de ser el caso, de sanciones menores.
“Es viable en áreas que no necesariamente están en el plano de lo penal, puesto que uno de los principales problemas es el miedo que tiene la ciudadanía para denunciar”, indicó Cabezas.
Una de las principales preocupaciones expresadas en el Pleno sobre este proyecto de ley, es que se atribuyen demasiadas competencias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, institución que -de aprobarse el documento como se ha planteado- recibiría las denuncias, investigaría y dispondría la recuperación de los recursos, asumiendo funciones que corresponden a la Fiscalía General del Estado y a los jueces jurisdiccionales. (JDC)