MA. ALEJANDRA SALAZAR MURRIETA
Luego de 9 horas de paralización, del jueves 29 de noviembre, las vías fueron despejándose poco a poco, en la medida en que las buenas nuevas les iban llegando a los representantes de las cooperativas de taxis que bloquearon los accesos en diferentes puntos de la ciudad, afectando el servicio de transportación y alterando el orden público.
Lo que en otrora les hubiese significado la cárcel, de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, en esta ocasión fue una palmadita en el hombro y un estrechón de manos, dando a entender que en este pueblo todo aquel que quiera paralizar los servicios y desatar el caos, tiene las puertas abiertas.
Me asombra la facilidad con que este anuncio fue acatado por aquellas personas que se hacen llamar autoridades en nuestra provincia, quienes no se pronunciaron en favor de la ciudadanía, ni brindaron las garantías de movilidad, orden y seguridad. Todo lo contrario, inmediatamente del anuncio suspendieron las clases, dejando entrever al taxismo que podían hacer lo que se les venga en gana.
Los argumentos que esgrimen los taxistas para su paralización carecen de fundamento, cuando quienes conducen una unidad no respetan las normas mínimas de convivencia y desconocen las normas y Ley de Tránsito.
No es posible que se imponga el desorden, porque alguien sienta vulnerado lo que crea son sus derechos, porque queda claro que las necesidades ciudadanas les tiene sin cuidado. Por eso van por allí queriendo imponerse a fuerza de grosería y arbitrariedad. Y cómo no, si tienen de su lado a autoridades y fuerza pública.
Habría que hacer un listado de todas aquellas asociaciones y cooperativas que manejen un servicio en nuestra ciudad y así poder determinar cuántos inconformes pueden aparecer el día de mañana a cerrar vías y quemar llantas. Porque ya el gobierno puso el ejemplo de apoyo a los demandantes y así cualquiera entiende el mensaje de que esta es tierra de nadie.