LIBER ANDRADE SALAZAR
El reclamo de los parientes del asesinato de los tres empleados del Diario El Comercio, llegó a la CIDH y el Procurador General del Estado pidió archivar la denuncia, conminando a los reclamantes a confiar en la justicia ecuatoriana. Sin embargo, cuando una persona natural o jurídica demanda a cualquier institución pública, en el proceso se presenta la Procuraduría solicitando el archivo o rechazo del reclamo, demanda o petición de justicia por injusta. Posición de doble moral.
Implica que el Gobierno actual está conforme con la estructura judicial del país, cuyos jueces, fiscales, defensores públicos y otros fueron designados por un Consejo de la Judicatura que respondía a los intereses del gobierno de turno. Entonces no se entiende cómo el gobierno critica el manejo de la cosa pública a cargo del gobierno anterior. Será porque se han ventilado y llevado a cabo procesos que de algún modo han beneficiado a los intereses de Carondelet? Y, la administración de justicia que el pueblo requiere cuándo llegará?
Es importante, que la Función Judicial esté comprometida con la defensa de la institucionalidad ecuatoriana, con salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya sea que la petición de justicia sea ordinaria o constitucional. No podemos seguir recibiendo fallos cargados de una dosis de mediocridad y desconocimiento de instituciones reconocidas en el ordenamiento jurídico, con carga de tráfico de influencias o de resoluciones negociadas.
La Función Judicial debe reivindicar y presentarse ante la población como el termómetro de paz social, de desarrollo de la democracia ecuatoriana, de la inversión pública y privada, de ser la cuna y ejemplo del acervo moral y ético del Ecuador. Cumpliendo estos derroteros, la justicia internacional no tendrá al Ecuador en el banquillo de los acusados.