Redacción, GUAYAQUIL
La Corporación Provincial de Manabí, en sesión extraordinaria, aprobó hoy el informe de la Comisión de Mesa, que concluyó que la destitución del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, no procede.
El pleno, con 23 votos a favor, resolvió apoyar la moción y no dar paso a la remoción de Mariano Zambrano Segovia en sus funciones porque ha sido impugnada judicialmente y está pendiente de resolución por la administración de justicia.
La Comisión de Mesa del Consejo Provincial, integrada por la viceprefecta, Clara Zambrano y los consejeros Jacinto Zamora y Ramón Vicente Cedeño, llegó a la conclusión de que no procede la destitución, luego de analizar y deliberar sobre las pruebas y argumentos de descargos expuestos por el prefecto Zambrano ante la Contraloría General del Estado, organismo que solicitó su destitución.
En la sesión, el consejero Cinerman Miranda presentó la moción de acoger el informe de la comisión de mesa en relación al proceso número 001 CMCPM2018; y considerando que la impugnación planteada por Zambrano ante el Tribunal Contencioso Administrativo ha sido calificada con fecha 5 de diciembre de 2018, no procede su remoción hasta que se agoten los mecanismos de impugnación con resoluciones firmes y ejecutoriadas.
El prefecto Zambrano se mostró contento sobre la resolución y recibió muestras de afecto por parte de simpatizantes y amigos que se congregaron antes de la sesión extraordinaria de Corporación Provincial.
La autoridad provincial señaló que los consejeros provinciales actúan de acuerdo a la ley. “Se ha sentado un precedente, porque ninguna autoridad puede anticiparse a algo que no es de su competencia”, enfatizó.
Roosevelt Cedeño, representante legal del Prefecto de Manabí, explicó que la sanción impuesta por la Contraloría General del Estado no se encuentra en firme y que, por caducidad, ésta fue emitida fuera de tiempo. Además, fue impugnada el 22 de noviembre por Zambrano ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Justicia, quien la calificó.
También señaló que la destitución a las autoridades de elección popular por parte de las autoridades administrativas constituye una violación a los derechos políticos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución del Ecuador. (DAB)