Que el activista Julian Assange está confinado por voluntad propia en la Embajada ecuatoriana en Londres al haberse acogido al asilo. Que el Estado es soberano y puede establecer normas para sus oficinas consulares. Que es “ingrato y falso” que Ecuador “esté sucumbiendo a unas imaginarias presiones de EE.UU.”.
Esos fueron algunos de los argumentos expuestos por la Procuraduría General y la Cancillería para insistir que el Estado ecuatoriano no está vulnerando los derechos de Assange, después de la aplicación de un protocolo que regula sus visitas y comunicaciones.
Ayer se dio la audiencia de apelación solicitada por la defensa del creador de Wikileaks, después de que la jueza Karina Martínez rechazó su pedido de acción de protección.
Como ocurrió en la audiencia del 29 de octubre, Assange intervino por teleconferencia con un traductor. A su criterio, el Estado está coartando sus derechos, entre ellos al trabajo y a la libertad de expresión.
Perspectiva
Assange dice no estar en contra de una “regulación justa” y “políticas adecuadas”, pero sostuvo que el Estado “no puede actuar en contra de la Constitución, restringiendo la dignidad humana”. Señala, por ejemplo, que no se ha permitido el ingreso de visitas de parlamentarios alemanes y una representante de Human Rights Watch. Según la Procuraduría, no cumplieron las reglas del protocolo.
También dijo que existe un intento de silenciarlo, con una “serie de amenazas”, tal como ocurrió con Arabia Saudí y el periodista asesinado Jamal Khashoggi. Añadió que las amenazas podrían conllevar a una situación “de crisis de salud, resultando en mi muerte u hospitalización” o en una “excusa política para que, de forma ilegal, sea entregado a los británicos” y, posiblemente enfrentar una posible cadena perpetua. A lo cual, el procurador general, Íñigo Salvador, respondió que “es absolutamente inaceptable” que se compare con el caso de Arabia Saudí.
Además, el Estado manifestó que existe la garantía de Gran Bretaña de que Assange no sería extraditado a países con pena de muerte, expresada en dos cartas.
Carlos Poveda, abogado del activista, cuestionó que no existen los originales de esas cartas, aunque Salvador, dice que sí les entregaron unas copias.
La Procuraduría recalcó que el protocolo está en vigencia y de no ser cumplido sería causal de terminación del asilo, respetando los protocolos internacionales. En ese sentido, Assange ya se sometió al primer examen médico, cuyos resultados son confidenciales.
La audiencia culminó ayer sin una resolución del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha. Las partes serán notificadas, dentro de un plazo de ocho días, sobre su resolución. (AGO)