Gustavo Ortiz Hidalgo
El Presupuesto General del Estado (PGE) para 2019 entró en vigor por el «ministerio de la ley», es decir, se aplicó la parte pertinente del artículo 295 de la Constitución que ordena que la Asamblea Nacional «podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva».
El PGE para el año 2019 tiene un valor aproximado de 35.530 millones de dólares (ingresos totales + déficit fiscal = gastos totales). El déficit fiscal asciende al valor de 3.637 millones de dólares. Un dato curioso: si sumamos los gastos financieros (intereses de la deuda) más las amortizaciones de la deuda pública (pago del capital), se obtiene cerca de 8.200 millones de dólares; es decir, un valor igual al presupuestado como «financiamiento público» (mayor endeudamiento). Lo que quiere decir que tenemos que endeudarnos en el 2019, exclusivamente para pagar el capital y los intereses de la deuda pública que, en forma irresponsable, fue contratada y despilfarrada por el régimen correísta en su década perdida.
El combate a la evasión tributaria, la recuperación de los recursos robados por la secta mafiosa que nos gobernó, la disminución de los subsidios que no cumplen una función social, el achicamiento del tamaño del Estado y el acercamiento a los organismos multilaterales de crédito son medidas urgentes y necesarias. Hay que entender que la necesidad del equilibrio fiscal no tiene ideología, es imprescindible para que cualquier proyecto político pueda cumplir con sus objetivos y metas. El desastre correísta debe ser asumido con sacrificio y responsabilidad por los ecuatorianos, pero queda una lección ineludible: ni un solo voto más para los corruptos. (O)