Víctor Cabezas
Corren los primeros días del mes y llega la planilla de luz; debo pagar ocho dólares. En la parte inferior del papel encuentro que el Gobierno me está subsidiando un porcentaje del servicio que consumo. Tengo un auto. Lo tanqueo con veinte dólares de gasolina extra. En Colombia me constaría por lo menos cincuenta dólares. No soy ni de cerca una persona pudiente, pero tengo una profesión, un trabajo estable, vivo en Quito y gozo de comodidades que, de seguro, el 80% de los ecuatorianos carecen ¿Por qué el Estado debe pagar mi movilización y mi consumo de luz?
Por definición el Gobierno debe utilizar los recursos públicos para invertirlos en el bien común: una escuela, un hospital, infraestructura energética, carreteras, universidades, etc., pero ¿Qué pasa cuando invierte nuestro escaso dinero en los automóviles de un porcentaje marginal de la población? ¿Qué pasa cuando la chequera del Estado se usa para financiar servicios a quienes no lo necesitan?
Normalmente, los costos de lo que hace el Gobierno no nos duelen en el bolsillo porque no entendemos que cada dólar que viene de las arcas públicas nos pertenece. Muy rara vez reparamos en cuánto nos cuesta un policía, una carretera, un médico o, en nuestra terrible realidad, un galón de gasolina.
La falta de consciencia sobre el dinero público, además de ser una actitud ampliamente egoísta, es la génesis de la desigualdad económica, pues ese dinero que podía haber potenciado nuestras universidades o reducido los índices de desnutrición infantil, hoy se utiliza para pagar un galón de gasolina que, a su vez, tiene el peor destino posible: la nada, el humo (sí literalmente humo porque la gasolina se convierte en eso).