Se descartó la objeción del Ejecutivo a las reformas de la Ley de Educación Intercultural.
Con lágrimas en los ojos y muchos aplausos, los docentes que asistieron ayer a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional vitorearon la ratificación por unanimidad de las reformas a la Ley de Educación Intercultural.
Aprobadas el pasado 13 de noviembre, dicho proyecto cayó en un veto parcial de parte del Ejecutivo debido a diferencias con el Legislativo para pagar a los jubilados. Sin embargo, los asambleístas ratificaron los cambios originales y remitieron el texto al Registro Oficial para su publicación.
Homero Castanier, congresista que presidió la comisión ocasional para los jubilados, indicó durante su intervención que “esta Ley se generó para reconocer un trato igualitario a todos los jubilados desde la entrada en vigor de la Constitución”.
Los asambleístas recordaron que entrada en vigencia en abril de 2011, en dicha Ley no se consideró a los docentes que se acogieron a la jubilación entre 2008 y 2010, generando una disparidad con relación a los docentes que se jubilaron a partir de ese año.
4
mil docentes jubilados hay solo en Pichincha y esperan de pagos.Por esta razón, los parlamentarios alegaron que existe la supremacía constitucional para no aceptar las objeciones del Ejecutivo.
Las asociaciones de jubilados también consideraron que la objeción Ejecutiva carecía de fundamento jurídico, porque ninguna norma puede estar por encima de la Carta Magna, donde se indica que el Estado estimulará a los maestros con “una bonificación de hasta 150 salarios básicos del trabajador privado y tomará en cuenta edad y años de servicio a partir del quinto año”.
Comisión general
El ahora exministro de Trabajo, Raúl Ledesma, acudió al Pleno en comisión general para expresar las preocupaciones del Ejecutivo con respecto a estas reformas. En un momento de su discurso indicó que “es corresponsabilidad del Gobierno y del Legislativo, encontrar los fondos, cronogramas y fórmulas de pago para los jubilados. Es un trabajo complejo debido a la severa crisis económica”.
EL DATO
Desde 2008 hasta la fecha, unos 700 jubilados fallecieron sin recibir su compensación.Ledesma indicó, según cifras del Ministerio de Finanzas, que la deuda adquirida desde el gobierno de Rafael Correa con los jubilados a nivel general fue de 1.274 millones de dólares. Durante 2017, se cancelaron más de 7 mil expedientes de estas personas por un valor de 367 millones, o sea, el 28% de la deuda.
Durante 2018, Ledesma indicó que se pagaron 341 millones, es decir, otros 7 mil expedientes jubilares. El total pagado, hasta el momento, es de 709 millones, el 56% de la deuda. El exministro de Trabajo aseguró que en la administración anterior solo se pagó 26 millones. Actualmente, el Gobierno mantiene 565 millones pendientes.
Sin embargo, en estos montos no está establecido el pago a los docentes jubilados entre 2008 y 2010, que alcanza un total de 177 millones de dólares. (JDC)