LIBER ANDRADE SALAZAR
En los últimos días la Fiscalía General del Estado por medio de ciertos funcionarios han reclamado la necesidad de ser órgano verdaderamente único, indivisible, con funcionamiento desconcentrado que permita una autonomía administrativa, económica y financiera para dirigir de oficio o a petición de parte la investigación pre procesal y procesal penal como mandan los artículos 194 y 195 de la Constitución.
El argumento es que, hasta antes y un poco después del correísmo tenían asignaciones presupuestarias propias que les permitían convocar cuantos concursos de oposición y méritos sean necesarios así como adquirir inmuebles y logística necesaria para desarrollar su accionar; aparte de que su rol protagónico se ha limitado por el control velado de autoridades administrativas, jurisdiccionales y hasta políticas.
En los últimos años se convirtieron en acusadores sin sustento jurídico y probatorio de quienes pensaban distinto e incluso se volvieron sordos y usaron gafas negras que no les permitían ver, investigar y combatir a delincuentes de cuello blanco adeptos al poder político o a cualquier nuevo grupo de niños ricos que se multiplicaron al son de la revolución del siglo XXI y bajo el clisé de manos limpias (pero por chiros y agarrar el billete de los ecuatorianos).
Bajo esa óptica es recomendable reformas legales para devolver la verdadera independencia y autonomía que requiere la Fiscalía; pero eso sí, garantizándose el acceso de juristas honestos, experimentados y capaces de mantener una acusación sin mirar que el investigado o acusado sea de tal o cual partido, movimiento, grupo, o colectivo. Que sus actuaciones constituyan ejemplo de implacables acusaciones, sirviendo de prevención para que traviesos de los fondos públicos o privados no sean menester cortarles figurativamente las manos.