EDGAR QUIÑONES SEVILLA
El anuncio de la concesión a privados de la CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) por parte de un alto funcionario del gobierno de Lenín Moreno, ha causado inconformidad en la mayor parte de la colectividad ecuatoriana, debido a que esta es la empresa más productiva del Estado y la que más aporta al tesoro nacional.
Diversos grupos políticos y sociales han manifestado su rechazo al intento anunciado por el Consejero Presidencial, hecho conocer mientras el Jefe de Estado participaba, la semana anterior, en la cumbre de Davos, Suiza, aunque este no emitió hasta el momento ningún criterio, mientras que el Vicepresidente, Otto Sonnenholzner, ha señalado que no se trata de una privatización sino el deseo de obtener, por este artificio, ingresos requeridos por el fisco, sin ceder oficialmente la CNT.
Lo acontecido en el pasado nos ha demostrado que tanto en este país, como en otros de América Latina y el mundo, las concesiones a particulares, de las propiedades del Estado, han equivalido a regalos mientras la pobreza de los pueblos sometidos a estas operaciones, ha aumentado significativamente en vez de mejorar su nivel de vida. Los últimos procesos de este tipo en el Ecuador, fueron obsequios de algunas empresas, cuya producción coadyuvaba a la financiación del presupuesto general del Estado.
Temor principal, en la mayor parte de los sectores populares, es que se pretenda agregar a esta concesión otros bienes que la nación ha venido acumulando a lo largo de los años, sin que la medida alivie la situación general de los menos favorecidos de la sociedad y las ofertas de empleo, vivienda, salud, educación y recreación, sean solo una cortina de humo para ocultar el afán de entregar a los dueños de todo, el dominio o usufructo de la única esperanza que le queda al pueblo para legar a sus hijos los medios indispensables para una vida mejor.
Opiniones de dirigentes de los trabajadores y empleados del país, a través de los diversos medios de comunicación, coinciden en que la concesión de la CNT no debería llevarse a cabo por la sola decisión del gobierno, sino que debería convocarse a una consulta popular, a fin de que sea la mayoría de votantes la que decida quedarse sin los bienes que el pueblo ha acumulado a través del tiempo y es su voluntad de entregarlos ahora como regalo a empresas nacionales o extranjeras que los deseen, en vista de que los ecuatorianos no tenemos capacidad intelectual para administrarlos.