Privatizaciones

El Ecuador atraviesa por un período colmado de crisis económica, política y ética. La pobreza y extrema pobreza afecta a casi el 70% de la población que se hunde en la angustia porque no encuentra trabajo, la juventud sólo deambula porque no pudo ingresar a una universidad y nada tiene que hacer. El pueblo espera algo del gobierno que encuentra salida en un programa de privatizaciones del patrimonio nacional.

El presidente Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 238 de “Políticas del Sector Eléctrico”, para “potenciar la inversión privada” (Art. 3), donde en el plazo de tres meses (Art. 4) deberán, los ministros y funcionarios pertinentes, “formular y proponer las políticas públicas e institucionales, y reformar el marco legal y regulatorio, en lo pertinente, para generar condiciones óptimas de carácter        técnico, económico,  ambiental y social, que permitan incentivar la inversión privada en las distintas áreas del servicio público de energía eléctrica”.

En ese Decreto ordena “Reformular el modelo de desarrollo del sector eléctrico para viabilizar la participación de las empresas públicas de capital mixto y privado en todas las etapas de la provisión del servicio público de energía eléctrica, servicio de alumbrado público general”.

El plan privatizador está listo, pero, de inmediato las organizaciones de trabajadores del sector eléctrico, respaldadas por otros estamentos, expresaron que se opondrán con firmeza y que adoptarán las medidas necesarias para impedir la venta del sistema eléctrico nacional. La lucha está planteada, precisamente cuando el gobierno se abre frentes de tenaz oposición.

Las privatizaciones no son soluciones para superar la crisis. Estos son tiempos difíciles que podrían ahondar los existentes problemas de gobernabilidad.