Mesías Mestanza
Con el nuevo Código Orgánico Integral Penal aparecen sanciones drásticas para quienes viven apartados de la ley, ya que opera la sumatoria de todas las penas que haya sido condenada una persona por delitos diversos.
Para entender mejor voy a transcribir el Art. 20 del COIP: “Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes se le acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los 40 años”.
Sin duda alguna que este cuerpo normativo tiene hechos muy importantes, sin embargo hay otros que son inconstitucionales si hacemos un análisis técnico de la vida promedio de los ecuatorianos, esto es 72 años para el hombre y 78 para la mujer, según datos del INEC del año 2011.
Entonces diremos que una mala aplicación de la ley por parte de fiscales y jueces podría ocasionar penas vitalicias que más parecerían de facto y por tanto una incorrecta aplicación del poder estadual o punitivo.
Suponiendo que un varón de 33 años comete varios delitos que sumadas sus penas asciendan a 40 años según nuestro COIP, habría la posibilidad de salir en libertad cuando tenga 73 años, superando entonces el promedio de vida que es 72 años, lo que quiere decir que la condena de pena de cárcel se convertiría en cadena perpetua, y hasta en pena de muerte; consecuentemente esto me parece inconstitucional y que afecta a los derechos humanos, y, peor aún si consideramos que una persona de 60 años tenga que pagar una condena de 40 años, éste, necesariamente tiene que morir en la cárcel.
Estoy seguro que nuestros legisladores ni siquiera se acordaron de los promedios de vida de los ecuatorianos, lo que me da a entender que para ser legislador no solo hay que ser político, sino tener una cultura extraordinaria para dar al juzgador normas aplicables dentro de la racionalidad y proporcionalidad.
Imponerle una pena de 40 años a una persona, es decirle sin que nadie se entere “vaya a morir en la cárcel”. Juzgue UD. amigo lector sobre este tema. Cierto es que cuando cae detenido un delincuente contumaz, nadie quisiera que salga en libertad, pero la Constitución dice que debe haber en las penas proporcionalidad.