Presuntas irregularidades en procesos judiciales en 30-S

MAR, 01, 2019 | 19:07

RECLAMOS. Los que se han considerado víctimas del 30-S han hecho manifestaciones.

PERSEGUIDOS
POLÍTICOS


“Ante el silencio inconcebible del Estado que, por lo menos, debió reconocer los abusos y disculparse con los cientos de perseguidos, Diario La Hora considera que es su obligación refrescar la memoria colectiva para que estos actos de salvajismo jamás se vuelvan a repetir y para que los ciudadanos vulnerados hallen en estas columnas un reconocimiento al sacrificio que hicieron”.

Los casos más complejos que revisó la Mesa por la Verdad y Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más, están vinculados a la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S). Así lo confirma en su informe, en el que recalca que no se busca interpretar los hechos violentos ocurridos ese día, sino analizar cómo se utilizó el sistema judicial en los procesos penales. 

En el patrón de persecución identificado por la Mesa, se establece que la política comunicacional del Gobierno de Rafael Correa fue un instrumento para presionar a jueces, pero que también hubo participación directa de altos funcionarios en los juicios, como denunciantes o acusadores. 

El Dato
Dentro de cada proceso, la Mesa incorporó un cuadro con todos los funcionarios judiciales que participaron en los procesos. 


De la información proporcionada por las víctimas, se recoge que el papel de jueces y fiscales en los casos del 30-S habría sido cuestionable. Por varias razones: no se habrían usado adecuadamente las pruebas, no se habría respetado la cadena de custodia y no se habrían tomado en cuenta la pericias. 
 





Además, la Mesa identificó el uso de fuertes tipos penales, como magnicidio, o “la insistencia de que los acusados se reconozcan como culpables, a cambio del indulto”. Las víctimas cuentan que habría existido violaciones al debido proceso: audiencias repetidas; reapertura de indagaciones, instrucciones fiscales y juicios, nuevos procesos a personas que fueron declaradas inocentes. (AGO)


Juan Estévez 

Juan Patricio Estévez Santamaría era ayudante de bodegas en el Ministerio de Transporte, durante 30 años. El 30-S, por la mañana, recibió la disposición de retirar un documento cerca de donde se produjeron los hechos violentos. Regresó después de la diligencia a alrededor de las 11:30. Le notificaron que los trabajadores se podían retirar a sus casas. 

Estévez esperó hasta retirarle a su nieta de un centro infantil en Calderón. Mientras esperaba, observó las protestas. El 29 de octubre, de ese año el Ministerio del Interior presentó una demanda por el delito de obstaculización de vías públicas en contra de funcionarios del Ministerio de Transporte, incluido Estévez. No se probaron los hechos y la Fiscalía ordenó la desestimación del caso. Sin embargo, Estévez fue obligado a renunciar. 


Fidel Araujo

El militar retirado fue acusado de incitación a la rebelión, por haber acudido al Regimiento Quito, el 30-S. Fue detenido el 4 de octubre de 2010, por presuntamente instigar el motín. Fue arrestado tres semanas y llamado a juicio. Su audiencia fue reservada. El Ministerio de Justicia presentó acusación particular. El Tribunal Penal de primera instancia declaró su inocencia. 

Pero, el 16 de abril de 2011, el expresidente Correa, en una sabatina, cuestionó la decisión de los jueces. El juicio fue declarado nulo, sin que ninguna de las partes lo solicitaran. Se realizó un segundo juzgamiento, por el que Araujo recibió una pena de tres años de prisión, que fue ratificada en casación. Fue detenido el 25 de enero de 2016. El Gobierno le dio un indulto, al supuestamente declararse culpable, cuando él no lo solicitó. 


Francotirador 

El policía Fabián Benavides fue detenido por el delito de tentativa de magnicidio, el 19 de diciembre de 2013. A pesar de que pasaron tres años del evento, fue llevado a Flagrancia. 

La Fiscalía le acusó de ser el policía motorizado, que gritó: “Échale bala”, refiriéndose al expresidente Rafael Correa, presentando un video. 

Dentro del caso, dijo que el uniformado “cambió su apariencia física con el fin de no ser identificado”. Correa dijo que era “un criminal disfrazado de policía” y un “francotirador”.  Dentro del proceso judicial, no se emitió la boleta de privación de libertad. Hubo pericias que indicaban que quien aparecía en el video era otra persona y que su voz tampoco correspondía. Fue detenido con fines investigativos por 30 días, lo cual se extendió hasta abril de 2014. 

Al final, la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo al determinar que no estuvo ni participó en la revuelta. Tiene sobreseimiento definitivo. 

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