EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Satisfactoria para algunos, desagradable para muchos, aceptable para otros e indiferente para varios fue la jornada electoral del domingo pasado, cuando por mandato legal los ecuatorianos concurrieron a las urnas para elegir autoridades seccionales y nacionales, en un remedo de democracia que no llega a convencer a la mayoría.
“Democracia es el régimen político en el que el pueblo ejerce la soberanía a través del voto. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno”. Este es el concepto del término que halaga a todos, pero que en la práctica solo favorece a pocos. En el Ecuador aún no se han cubierto los beneficios obligatorios consagrados en la Constitución y leyes en provecho de la sociedad. No contamos con educación de excelencia, atención médica gratuita, vivienda confortable, acceso a la sana recreación, oportunidades de trabajo sin discrimen y otros beneficios generales.
La riqueza que la naturaleza genera y los racionales producen, prosigue en manos de pocos. El concepto de democracia continúa siendo una aspiración inalcanzable. No se practica la cultura democrática, que sigue siendo manipulada por ciertos grupúsculos atrincherados en la cúpula que no entregan a sus conciudadanos ni siquiera el alcantarillado sanitario ni agua potable. Las ilusiones populares deben ser recordadas cotidianamente a partir de la posesión de sus cargos de los escogidos para la administración de los bienes de todos, a fin de que la propiedad colectiva no vaya a parar a las cuentas de los ungidos en los bancos del país o de los paraísos fiscales.
Más calles, aceras, centros educativos, campos deportivos, lugares al aire libre de sana recreación, carreteras de primer orden, es lo que debe recibir la comunidad, antes que automóviles lujosos y edificios particulares ostentosos para los administradores de alto o mediano nivel. Es hora de que la Contraloría General del Estado ejerza sus funciones como ordena la Ley. Que no acontezca como en el pasado reciente y lejano, cuando los encargados de manejar el dinero público -algunos honestos al comienzo- terminaban obesos, cargados de lujos con el dinero sustraído del erario y los auditores tan gordos como ellos por haber participado en el atraco inducido al operador de los fondos públicos.
Cuidemos que nadie se cargue el dinero de todos y obliguemos que se transformen en obras los recursos que el pueblo genera con su honrado sudor, pensando en el futuro de sus hijos, descendientes y toda la sociedad.