LIBER ANDRADE SALAZAR
Institución autónoma protectora de los derechos fundamentales de ecuatorianos residentes dentro y fuera del país, poniendo en marcha procesos jurisdiccionales como acción de protección ordinaria y extraordinaria, hábeas corpus y data, acceso a la información pública, incumplimiento, acción ciudadana y formulación de reclamos frente a mala calidad o indebida prestación de servicios públicos o privados; ejercer y promover la vigilancia de las garantías del debido proceso; prevenir e impedir de inmediato la tortura, trato cruel, inhumano y degradante.
Su accionar antes de la Constitución de 2008 fue de trascendencia que, autoridades públicas y privadas la respetaban y ciudadanía y consumidores se sentían respaldados; pero en la década perdida, la Institución incumplió sus deberes y dejó pasar arbitrariedades y latrocinios de Correa y su pandilla como aquellos juzgamientos indebidos del 30S, Luluncoto y otros.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se apresta a designar al Titular de este órgano de control y la ciudadanía exige nominar una autoridad alejada de poderes fácticos y cercana más bien a los hombres y mujeres del pueblo que sufren las arremetidas de los detentadores del poder central, provincial, cantonal y parroquial.
Necesitamos un Defensor del Pueblo realmente comprometido con la defensa de los derechos humanos como advierte la Constitución, capaz de ejercer oportuna y adecuadamente las acciones en pro de la defensa de los derechos humanos amenazados, en proceso de ataque y de reparación en caso de lesión. Un Estado que se precia ser Constitucional de Derechos y Justicia, no puede tener un Defensor Público impávido ante el ataque aleve de los derechos constitucionales de las personas. Necesitamos fortalecer la institucionalidad con autoridades probas y competentes.