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Hallan nuevo perjuicio al IESS por 63 millones de dólares

ABR, 18, 2019 |

PROCESO. Cuando en un hospital del IESS no se podía brindar una atención se derivaba a centros privados.

Entre representantes de servidores de salud, exfuncionarios y otros interesados, 190 personas fueron convocadas ayer a la lectura del borrador del informe de la Contraloría sobre derivaciones y pagos a las clínicas privadas que contrató el IESS, en Quito, entre el primero de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015. 

Los resultados preliminares develaron que en los períodos en los que estuvieron al frente de la institución Ramiro González y Richard Espinosa, hubo irregularidades al menos en cuatro aspectos. 

Por estas anomalías habría un perjuicio a la institución por al menos 63’247.000 dólares. González fue capturado la semana pasada en Perú por los procesos legales en su contra y Espinosa vive actualmente en Canadá. En su cuenta de Twitter su último mensaje fue el año pasado. 

La principal irregularidad, por el monto, fue que se pagaron ‘abonos’ previos a las clínicas, a pesar de que la figura no está contemplada en la Ley. Por esas acciones, pagos por 45’573.000 dólares serían injustificados.

Asimismo, 15’769.939 dólares que se pagaron a clínicas, hospitales y otras entidades de salud no se justificarían por falta de documentación que se habría perdido, porque no existía un lineamiento para la custodia y la administración del archivo.
 

Deudas por cobrar
En las irregularidades estarían involucrados exsubdirectores de Prestaciones del Seguro de Salud de Pichincha. En la época, los encargados de los procesos habrían “inobservado las normativas de control interno”, incumplido con las pericias médicas y autorizado pagos en exceso.
Según el informe borrador, los saldos que debían devolver las clínicas no se incluyeron en las cuentas por cobrar, por lo cual no existe un registro.

Lo que le deben al IESS ascendería a 16’108.033 dólares. De acuerdo con los auditores, las autoridades no han hecho nada para recuperar esa cantidad.

También se detectaron pagos duplicados por falta de un proceso coordinado. En esto se perdieron 282.370 dólares. A parte de que se pagaron los abonos sin sustento, y en algunas de las cuentas, al momento de la liquidación no se restó ese valor y se terminó cancelando un total de 901.076 dólares de más. 
 

Medicamentos con sobreprecio
Según las normas que rigen los contratos con proveedores de salud privados, los implementos considerados como de “uso colectivo, no medible” como algodón, gasas y otros, no pueden cobrarse de forma individual, pues están incluidos en los costos de procedimientos médicos.
Sin embargo, en el examen se encontró que se facturaron 306.934 dólares por estos y otros insumos.

2.878
millones de dólares le debería el Estado al IESS, según un examen de Contraloría, presentado en julio de 2017
En el caso de los medicamentos adquiridos, su valor no podía superar el precio de la farmacia pública más 10%. 

Esto no se respetó y se pagaron cuentas con sobreprecio, en total 660.758 dólares. 

Además, se hallaron pagos de medicinas que no constan en el cuadro básico del Ministerio de Salud y que no se consideraron de tratamiento prioritario. Por ello, se canceló 83.097 dólares. 

Otra de las irregularidades fue que en el proceso de calificación se incluyó a seis prestadores de servicios que estaban en nivel II, en el rango de pago de nivel I, sin considerar la calidad del servicio. Así, se pagaron 16.641 dólares en exceso. (PCV)

¿Por qué se pidió el informe?
° Este documento fue solicitado en 2018 y se suma al Plan Especial de Control al IESS, en el cual ya se presentaron 19 exámenes anteriores, en febrero de este año. En los análisis se detectaron glosas que bordean los 90 millones de dólares y se pidió 60 destituciones.

Al respeto de los análisis que se están realizando en el interior de la institución, David Ruales, director del IESS, respondió que desde el inicio de su gestión se ha prometido transparencia y que se ha colaborado con todo lo que ha requerido el órgano de control.

Aseguró que su política es implementar de forma inmediata las recomendaciones de los informes finales que reciba por parte de la Contraloría. De este último informe tendrán que pasar aún cinco días hábiles para que los involucrados puedan presentar pruebas de descargo, si las tienen. 

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