El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia condenatoria de tres años en contra de Édison A., quien hasta el año 2017 se desempeñó como fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, por su participación en el delito de concusión.
El delito se cometió cuando Édison A., al aprovecharse de su calidad de agente fiscal, a través de su hermano, extorsionó a la familia Cali Castañeda, dedicada a la administración de centros de tolerancia, a quienes solicitó, desde 2016, la cantidad de 200.000 dólares, para no acusarla por el delito de lavado de activos.
En la audiencia de formulación de cargos, por presunto lavado de activos, Édison A. habría mentido al juez de la causa induciéndole al error, al manifestarle que el delito precedente era el de explotación sexual. Finalmente en esta etapa procesal, no se probó la participación de los cuatro miembros de la familia en el delito antes mencionado.