Ayer fue el juicio de Hirokazu S., quien fue detenido cuando pretendía sacar 371 insectos y arácnidos del país.
El japonés Hirokazu S., investigado por el presunto cometimiento del delito contra los recursos del patrimonio genético nacional, acudió ayer a la Unidad de Flagrancias, en Quito, para la reinstalación de audiencia de juzgamiento. Estaba acompañado de su traductora, su abogado y varios funcionarios de la Embajada de Japón. De ser hallado culpable, podría enfrentar de tres a cinco años de prisión.
Fue detenido el 12 de marzo, en el aeropuerto de Quito, cuando regresaba a su país después de una visita de 11 días, con tres contenedores plásticos que tenían 365 insectos y seis arácnidos. Ayer dio su testimonio que, según su defensa Boris Carvajal, es la verdad.
En japonés y con traducción, relató a la jueza Paulina Zarzosa que llegó el primero de marzo al país por su pasión por los insectos. Desde pequeño, dijo, le interesaron los bichos y ahora es su ‘hobby’. Al contrario de lo que sostienen las autoridades, explicó que no es biólogo, sino jardinero en una universidad de Hokkaido; un apasionado ‘amateur’, no profesional.
En los 11 días que estuvo en Ecuador recorrió las montañas junto a un amigo. Un señor le vendió un paquete por alrededor de 1.200 dólares, que incluía movilización, estadía y un permiso del Centro de Reproducción y Crianza de Mariposas Dedalma para sacar 123 insectos. También le regaló otros bichos.
Ya en el aeropuerto, “no entendía por qué confiscaban mis bichos. Por eso tuve que ir atrapado”, dijo sobre el momento en el que fue detenido en el aeropuerto. “No entendí bien el permiso. Me equivoqué de que podía llevar a Japón todo lo que cogía, vivo o muerto, no importaba”.
Al terminar su testimonio pidió disculpas a los ecuatorianos por su “equivocación y molestias” y dijo que quería volver al país con su “media naranja”, porque vio cosas muy diferentes a las que había en Japón, una experiencia fantástica.
La otra teoría
La tesis de la Fiscalía difiere del testimonio de Hirokazu. La fiscal Alexandra Sigcha presentó ayer las dos últimas pruebas testimoniales y documentales para sustentar que el procesado habría intentado sacar los insectos para posibles usos genéticos fuera del país.
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insectos no estaban dentro del permiso de movilización. El perito Paulo Guerra y el biólogo Vladimir Carvajal ratificaron que cualquier insecto es considerado material genético. Además, que los insectos, entre vivos y muertos, estaban bien preservados como para ser transportados.
Con la ayuda de una pizarra, Guerra explicó que identificó cinco individuos endémicos de los 371 que fueron confiscados: cuatro escarabajos tigre y una cucaracha. Esta última es exclusiva de la zona entre Tungurahua y Pastaza. En los contenedores se leían los nombres Pacto y Misahualli, de donde presuntamente se obtuvieron los especímenes, lo cual fue corroborado con la experticia.
“Me llamó la atención la cucaracha. Está en peligro de extinción. Observé especímenes raros. Había escarabajos que generan principios activos que pueden ser usados para industria”, dijo Carvajal.
La audiencia se suspendió para el 9 de mayo para conocer los alegatos finales porque la jueza tenía otra diligencia. (AGO)