Arroz verde 502

“Nada queda oculto bajo el sol”. La justicia ordinaria investiga el ‘Arroz verde 502’ en el que hay dos procesadas con prisión preventiva, colaboradoras cercanas del anterior mandatario; incluso, una de ellas fue Vicepresidenta de la Corte Constitucional, jueza nominada y que obtuvo la nota perfecta. A pesar del adelanto de la tecnología, ¡vaya que no se puede creer en los concursos!

Según datos preliminares obtenidos por periodistas, con abundante respaldo documental, compañías internacionales -entre ellas Odebrecht, así como empresas nacionales fueron beneficiarias de millonarios contratos adjudicados por el gobierno anterior; a cambio, éstas habrían entregado a favor de Alianza PAIS, un total de USD 11’600.000, entre 2013 y 2014, a manera de “aportes voluntarios”.

El nuevo escándalo de corrupción que se habría perpetrado desde altas esferas del gobierno de Correa involucra a varios de sus colaboradores, incluido un asambleísta en funciones. Surge la inquietud, si por cantidades inferiores recibidas, exmandatarios de Perú y Brasil están presos, ¿cuál va a ser el accionar de la justicia en nuestro país? En el proceso se ha dado el primer paso, pero la justicia sigue lenta y da la sensación de impunidad.

El Consejo Nacional Electoral ha decidido investigar las cuentas de Alianza PAIS por presunta doble contabilidad; cuanto antes se envíe la información a la Fiscalía y que pronto se pronuncie la Contraloría General del Estado, al tenor del inciso final del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, se podría enjuiciar por peculado -abuso de fondos públicos- cuya pena máxima llega hasta 13 años. Al momento los procesamientos penales son por otros presuntos delitos, con penas de 3 a 5 años.

La inobservancia a las leyes proviene de ciertas autoridades -a todo nivel- cuando son las llamadas a cumplir con la Constitución y combatir la corrupción, la falta de concientización ciudadana, la carencia de valores éticos, morales y cívicos favorece la evasión de la Ley. Por el bien del país, los culpables deben ser sancionados con todo rigor y se deben aumentar las penas en los delitos contra la administración pública.

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