Santiago Armijos Valdivieso
Es conocido que la contratación pública ha sido el principal foco de corrupción en Latinoamérica, y el Ecuador no es la excepción. Seguramente, ello ocurre porque muchos políticos están atados estrechamente a los contratos públicos, ya que por su intermedio logran su objetivo principal que no es otro que el de agarrar dinero a montones, financiar la demagogia y pagar favores, sumisiones y complicidades, sin importar el bien común que dicen defender.
Nadie discute que los contratos públicos son esenciales para que las instituciones cumplan con sus deberes; lo grave está en que el Estado, a través de sus representantes, contrate obras que la colectividad no necesita, pacte obras con sobreprecios y con contratos complementarios acordados por debajo de la mesa o que las reciba con defectos que impidan su utilización.
El tema cobra mayor gravedad, porque este tipo de prácticas deleznables contaminan a un numeroso grupo de contratistas privados que para ser beneficiados por el club de la corrupción deben estar dispuestos a ser parte de la maléfica rueda de la fortuna, pagando sobornos, presentando facturas infladas y cumpliendo estrictamente las condiciones que imponen las torcidas reglas de la corruptela, bajo la injustificada razón de que al no hacerlo estarían privados de trabajo, lo cual termina por impulsar un juego nefasto en el que se impone el tráfico de dinero tramposo.
Dada la magnitud del problema que se evidencia desde el caso Odebrecht hasta el denominado Arroz Verde, el país debe promover urgentes y extremas medidas para enfrentarlo. Una de ellas podría ser una reforma legal que exija a las entidades públicas que todo contrato administrativo de cuantía significativa sea adjudicado con la intervención de veedurías ciudadanas, técnicas e independientes, eso sí, no como las caricaturas de veeduría del pasado. (O)