La Constitución y leyes ecuatorianas establecen el derecho ciudadano de revocar el mandato entregado a las autoridades de elección popular.
El incumplimiento del mandato popular, o del plan de trabajo propuesto, y/o los actos de corrupción, son los elementos sobre los cuales actúa la revocatoria del mandato.
La percepción popular aparentemente intuye la presencia de cada una de estas causales en muchos de los personajes que hoy circundan la esfera pública en el poder Ejecutivo y Legislativo.
La lucha contra la corrupción emprendida por los ecuatorianos, está logrando disolver de alguna manera el blindaje jurídico, institucional, e incluso estructural generado por AP y el correismo con la intensión de sostener un régimen aparentemente armonizado en función de saquear el país, a través de un sinnúmero de negociados y acciones que intentaron a momentos, camuflar el fraude económico, político, social ocasionado al Estado y contra todos los ecuatorianos.
Hoy, todavía el correismo mantiene fuerte presencia y poder en el gobierno de su coideario principal “Moreno”, e intenta generar un proceso de inestabilidad en función de evitar el avance espontáneo de los ecuatorianos por terminarlo.
A las acciones impulsadas por Trujillo en el CPCCS hasta el momento, probablemente sea necesario acompañar procesos de revocatoria del mandato, dirigidos a todos los asambleístas y autoridades de elección popular que hayan pretendido impedir la acción democrática y ciudadana, contra la corrupción.
Este proceso debería ser encaminado por las estructuras sociales que puedan asumir una posición de transparencia apegada al mandato democrático y sentir popular. Existe otro camino, un sentido de dignidad mayor faltante en Carondelet y la implementación del proceso de muerte cruzada.