Redacción BOGOTÁ,
EFE
Una verdadera “cacería de brujas” tiene lugar en el Ejército colombiano, para hallar a los militares que denunciaron el posible retorno de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, y actos de corrupción, reveló ayer una investigación periodística.
Un informe publicado por la revista Semana con base en entrevistas a más de 20 miembros activos del Ejército, grabaciones de audio, videos, documentos y fotografías, revela que muchos de ellos han sido objeto de amenazas, seguimientos e intimidaciones.
Con esta, que la revista llama ‘Operación silencio’, se busca descubrir quiénes fueron los oficiales que sirvieron de fuente al periodista estadounidense Nicholas Casey para escribir el artículo publicado por el diario The New York Times el pasado 18 de mayo, sobre el posible regreso de los “falsos positivos”.
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos, que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
El Dato
Por el escándalo de los “falsos positivos” han sido cuestionados el ministro de defensa, Guillermo Botero, y el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez.
Tras el revuelo que desató la publicación del diario neoyorquino y que llevó incluso a retirar la polémica directriz, “se desató una cacería impresionante. Nos preguntaban quiénes de nosotros eran los que habían hablado con los periodistas y como parte de toda esa cacería nos hicieron entrevistas”, dijo uno de los uniformados a Semana.
Testimonios
El militar hace parte de un grupo de 14 que trabajan en diferentes partes del país y que fueron llamados con carácter de “urgencia” el pasado 22 de mayo, para que acudieran a la sede de la Segunda División del Ejército en la ciudad de Bucaramanga (noreste).
“Cuando llegamos nos dimos cuenta que era para algo raro. Ahí fue que nos dijeron que nos iban a hacer unas entrevistas y después (pruebas de) polígrafos a todos”, agregó la fuente a Semana, y precisó que la orden de hacer esa “cacería” la dio el general Eduardo Quirós, jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia.
Un uniformado contó que recibió en su móvil “fotos de los seguimientos” a sus hijos menores de edad en el colegio y también de sus padres, mientras otro afirmó que mientras estaba en una operación le dejaron anónimos y esquelas en la puerta de su casa en los que le decían que lo iban a matar por soplón.