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Más sectores cuestionan al presidente del Consejo de Participación Ciudadana

JUN, 25, 2019 | 07:19

Fiscalía. La UNE formalizó ayer la denuncia para que investiguen a Tuárez.

El futuro de José Carlos Tuárez en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) se complica. Las presuntas irregularidades que habría cometido para presentar su candidatura al organismo se investigarán, por separado, a través del control político y del judicial.

En el primer caso, el asambleísta Fabricio Villamar (CREO) entregará la próxima semana la solicitud de juicio político, ya que considera que el presidente del Cpccs ha incurrido en prohibiciones constitucionales y legales. El numeral 10 del artículo 21 de la Ley que rige a ese organismo estable como una de la prohibiciones para postularse y desempeñarse como consejeros, a los “representantes de cultos religiosos”.  Y Tuárez es sacerdote dominico. 

“Ecuador tiene que cuidar la separación entre la Iglesia y el Estado. El señor Tuárez se identifica así mismo como el ‘padre José Tuárez’, tanto en los documentos que firma como en sus redes sociales”, dijo Villamar. 


Mientras que en el plano judicial, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, presentó en la Fiscalía una denuncia para que se lo investigue por perjurio y falso testimonio: “No se puede normalizar la corrupción y peor institucionalizarla. No podemos darle el queso al ratón para que esté al frente de un ente de control”.
 

Las causales 

EL DATO
Tuárez es el presidente del Cpccs, elegido con cuatro votos de siete posibles.
Villamar aseguró que existen las suficientes causales para enjuiciar políticamente, censurar y destituir  a Tuárez. “Mintió en la declaración juramentada en la cual expresaba no hallarse incurso en prohibiciones para su elección o para el desempeño de sus funciones. (…) Mintió sobre ser director del convento máximo de Santo Domingo de Guzmán, mintió cuando dijo que fue subdirector de la radio La Voz del Santuario de Baños”, dijo el asambleísta. Por lo que se pregunta si es capaz de cumplir sus funciones y responsabilidad cuando estas implican honestidad.  

Mientras que Vargas considera que hay los suficientes documentos que sustentan su denuncia, como certificados laborales del sacerdote, su afiliación a un partido político antes de candidatizarse para el  Consejo y de otras presuntas irregularidades.

Frente al inicio de estos procesos, en la mañana se pidió un pronunciamiento oficial al Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, el director de Comunicación, David Guerrón, respondió que “en el momento oportuno se emitirá un comunicado”, que hasta el cierre de esta edición no se presentó.  

35
firmas de respaldo se necesitan para presentar la solicitud de juicio político.
Quien salió en defensa de Tuárez fue la vicepresidenta del organismo, Rosa Chalá. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales manifestó que “las presunciones no son saludables para un Estado democrático. Ante cualquier intento de deslegitimación a la institucionalidad se recuerda que no la conforma únicamente su titular, sino los consejeros principales y suplentes”. 

El presidente de la Asamblea, César Litardo, anunció que se realizará un proceso de control político al anterior Consejo Nacional Electoral (CNE-transitorio), sobre la calificación de la candidatura de Tuárez. (HCR)

Deslinda responsabilidad 
° El proceso para calificar las candidaturas de los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana estuvo a cargo del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, Diana Atamaint, presidenta del organismo, dijo que fue la Comisión Técnica de selección la que revisó que cumplan todos los requisitos en base a la declaración juramentada que presentaron los candidatos. “Sobre esa declaración juramentada, el pleno del CNE calificó las candidaturas”, dijo. Aunque no descartó que hayan podido ser engañados, lo que tendría consecuencias legales.   

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