EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Se han confirmado los rumores, que a decir verdad nunca se ocultaron, relativos al regalo que quienes gobiernan la nación van a hacer de los bienes que el Ecuador ha acumulado a lo largo de su vida soberana, iniciada en 1830. Lo que la colectividad desea saber es ¿por qué quieren desprenderse de algo que pertenece al pueblo, si este no lo ha autorizado?
Los medios de comunicación han hecho conocer el afán de entregar al sector privado el servicio telefónico, la más importante empresa de la República, calificada por los expertos como el mejor negocio del mundo, actividad de la cual nadie desearía desprenderse en ninguna parte del planeta. Se habla también de procedimiento similar con las centrales hidroeléctricas, parte o todo el sistema de salud pública, que brinda atención obligatoria a toda la población, lo cual equivaldría a dejar en el desamparo a la mayor parte de los humanos que aquí moran.
Dirigentes de las centrales sindicales ya han expresado su oposición al proyecto, así como los conductores de otros sectores de la sociedad ecuatoriana. Algunos líderes sociales han traído a la memoria el viejo estribillo privatizador de que “el Estado es un mal administrador y que lo procedente es entregar la administración de los bienes de la República al sector empresarial”. Mas, acontece que las organizaciones en manos del poder central, no llegaron regaladas por algún emprendedor dadivoso; accedieron al lugar donde se encuentran por efectos del sudor y lágrimas del conglomerado humano laborioso, para garantizar una vida mejor en provecho de todos.
Ya se ha palpado cómo ha acontecido con procedimientos similares en otros sectores de Latinoamérica y el planeta donde las condiciones sociales de las mayorías se han reducido a la mínima expresión. Los bienes generados por el trabajo de los ecuatorianos no pueden obsequiarse alegremente a unos pocos, que ya son dueños de casi todo. Esa es la reserva económica que las naciones han forjado a través de los tiempos y sus gobernantes tienen la obligación de conservarlos.
La atención médica gratuita, impuesta por los laboristas del Reino Unido, en 1945, al término de la segunda guerra mundial, por ejemplo, prosigue en vigor, pese a los intentos derechistas de cambio. La mayor parte de los consultados de nuestro país, sobre este intento de concesión de los bienes del pueblo al sector privado, se ha expresado en contra del proyecto y cree que, por lo menos, debería llamarse a una consulta popular.