Desde diciembre del 2017, la vida en la parroquia de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí (Imbabura), cambió. Una veta de oro, expuesta en la montaña, atrajo a varios ciudadanos de distintas ciudades del país y de otras nacionalidades.
Con los días venideros, el pueblo, que no contaba con más de 1.800 habitantes, de pronto tuvo que convivir con cerca de 10.000 personas. Los nuevos visitantes impusieron sus normas y movían cantidades gigantescas de dinero. Los que no querían seguir las reglas, eran sometidos con violencia.
Sin embargo, en 2018, solo se registraron dos muertes públicas. Pero los daños colaterales, como la detención de camiones con material aurífero o de personas involucradas a la minería ilegal, crecía vertiginosamente. Comenzaron a reportarse los primeros grandes cargamentos, con sumas de dinero en efectivo para pagar a quienes los revisaban en distintas vías
Para inicios de 2019, se empezó a hablar de grupos armados que controlaban la zona y de abusos continuos a la población. Este rumor tomó forma el 26 de mayo, cuando la comunidad emitió un estado de alerta en la zona. El 28 de mayo, La Hora escribió: “En la sesión que presidió Marcelo Armas, vicepresidente de la Junta Parroquial, con la presencia de los vocales Abel Cárdenas y Rodrigo Ruiz, se declaró en estado de alerta, en función de la inseguridad que se vive en Buenos Aires, por lo que estarán en asamblea permanente con los habitantes del sector hasta que se tenga la respuesta de la Policía Nacional y militares”.
Estos hechos sirvieron para que personal del Ejército llegue al sector a hacer controles de armas y explosivos. Pero, el problema de origen seguía sin resolverse. Hasta el domingo 23 de junio, cuando un enfrentamiento entre grupos armados dejó como saldo cuatro heridos y un muerto. Sin embargo, con el pasar de los días, esta cifra iría incrementándose, sin saber hasta el día de hoy qué mismo pasó aquella madrugada.
Análisis
Que en menos de dos años una población haya pasado de 1.800 a más de 10.000 habitantes muestra que alrededor de una mina de oro se generaron dinámicas migratorias y cambios sociales y económicos extraordinarios. El experto en seguridad, Lautaro Ojeda, considera que factores como estos hacen que los análisis en torno a lo que ha sucedido las últimas semanas en Buenos Aires se vuelvan multidimensionales.
EL DATO
En 2018 se desarticularon 65 grupos que se dedicaban a la minería ilegal y se detuvieron a 104 personas.Desde su visión, es importante que se planteen algunas preguntas clave que permitan conocer mejor el fenómeno de la minería ilegal, considerando que los trabajadores que se dedicaban a las actividades estaban ahí por su situación económica. Para el experto, una interrogante fundamental es: ¿Qué otros capitales estaban financiando la maquinaria para transportar el material y otras actividades?
A esta problemática, el subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Diego Tipán, la describe como los tentáculos del crimen organizado que están en constante transformación y que cada vez muestran más ingenio para vincularse con actividades económicas fuera de la Ley.
Panorama
Solo en las últimas semanas, más de 5.000 personas abandonaron las tres zonas de Buenos Aires conocidas como: Mina Vieja, Mina Nueva y Ciudad de Plástico. En los operativos se detuvo a más de 30 personas por el presunto delito de minería ilegal, de las cuales 71% tiene prisión preventiva. En ese grupo también se encuentran personas que tenían orden de captura por temas relacionados a las drogas.
En el lugar había dos grupos poblacionales: uno que incluía a gente que se dedicaba a la explotación y que era víctima de algunas vulneraciones a sus derechos; el otro estaba compuesto por integrantes de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, que se habrían desplazado desde otras partes del continente.
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generadores de energía, 4 motores, 4 bombas de agua, 34 radios fueron incautados.Según Tipán, hay que considerar que los controles han empezado al menos un año atrás y que en todo el país se han logrado detectar a 27 organizaciones criminales dedicadas a este sector y que podrían estar vinculadas con los problemas en Buenos Aires. Con respecto a la forma en la que la maquinaria ha ingresado a la zona, el funcionario explica que, por ejemplo las chancadoras (lugares de procesamiento), se construyen con piezas que también se emplean en otras actividades lícitas y que es muy difícil el control.
El reporte oficial e incluso la ministra del Interior, María Paula Romo, ha insistido en que la intervención se desarrolló de forma pacífica y solo hubo un policía herido por fractura en su brazo. Ese saldo ínfimo, hace que Ojeda opine que hay que destacar también el papel que ha cumplido el Estado y la política que ha mostrado. Sin embargo, el experto menciona que no hay que dejar de preguntarse por el futuro de quienes salieron de las minas y agrega que en el país uno de los grandes pendientes es la implementación de una Ley de minería efectiva. (PCV)