EDGAR QUIÑONES SEVILLA
El presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, en su visita a esta capital provincial, el lunes 5 pasado, con motivo de los 199 años de la independencia de Esmeraldas, ha anunciado que el Gobierno concesionará el puerto de Las Palmas, de cuyos ingresos el Municipio del principal cantón recibirá el 50% y el Estado el otro 50%. No sabemos a qué obedece tal decisión que pretende cometer una injusticia con una provincia que es dueña única del puerto.
Acontece que en 1979, luego de una larga lucha por la construcción del terminal comercial de esta ciudad, que empezó desde el triunfo de Pichincha, en 1822, el Libertador Simón Bolívar dispuso que se levantase un puerto para facilitar el comercio nacional e internacional del Departamento del Sur, en la Gran Colombia, propuesta que encontró algunos opositores, siendo el principal el almirante guayaquileño Illingwhorth, quien empleó términos despectivos e injustos contra los habitantes de este sector de la nación Chibcha, que exhibía con orgullo la cultura precolombina Tolita, una de las más cualificadas en el trato del oro y el platino.
La obra siguió siendo anhelo de los esmeraldeños, hasta que los gobiernos de Velasco lbarra, Rodríguez Lara y Poveda Burbano atendieron las demandas de directivos de esta población y aceptaron (especialmente el último) que se pague el costo de los trabajos, que ascendieron a más de 2.000 millones de sucres. Fue así como la obra, inaugurada por el presidente Jaime Roldós Aguilera en 1979, en su primera etapa, se acabó de abonar en 1997 con lo generado por los ingresos de este lapso. Las ambiciones de ciertos vivarachos de ambos sexos de esta región, se sumaron a las de nativos de diversos lugares y en 2004 se llevó a cabo una ilegal e inconstitucional concesión, cuestionada por los periodistas colegiados esmeraldeños y el pueblo que no pudo impedir el vergonzoso hecho, tuvo su fin en julio de 2010 por la persistencia de los comunicadores, Diario La Hora y directivos y activistas laborales.
Este puerto de los esmeraldeños no lo puede concesionar el Gobierno del Ecuador, porque no le pertenece, ese terminal es propiedad de nuestro pueblo, que dejó de percibir los beneficios esperados para cubrir su costo. El pago fue cubierto por nosotros, por nadie más. Si el Estado desea concesionar algo, que lo construya con plata del erario. Se regala, se vende o se destina a lo que fuere, aquello que es del oferente.