Freddy Rodríguez García
El miércoles anterior, la Asamblea Nacional destituyó a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), acusados de desacato, por pretender desconocer una resolución de la Corte Constitucional, que había ratificado que las decisiones adoptadas por el Cpccs transitorio son irreversibles, en armonía con el pronunciamiento mayoritario del pueblo, expresado en la consulta popular del año pasado. Aquí, y en cualquier parte del mundo, que la Función Legislativa destituya a cualquier funcionario implica que algo anduvo mal, que en algún momento la o las autoridades destituidas se desviaron del camino, incumplieron con su deber, o simplemente que las fuerzas políticas se confabularon para separarlas del cargo sin causa justificada, como también ha sucedido aquí y en otros lares. Me queda un sinsabor y sentimientos encontrados. Muchos hemos sostenido que, conceptualmente, el Cpccs es un adefesio jurídico, que solamente sirvió para satisfacer los protervos intereses del expresidente Correa, sus ansias infinitas de concentrar el poder y controlar a todas funciones del Estado, por lo que la solución idónea será eliminar ese mamotreto, por la vía que la propia Corte Constitucional ya ha determinado. Los vocales del Cpccs, electos con un porcentaje mínimo de respaldo, mostraron desde el inicio, con alguna excepción, que no estaban capacitados para ejercer tan altos cargos y, encabezados por un sacerdote con delirios de grandeza, empezaron a dar “palos de ciego”, a tomar decisiones y realizar declaraciones traídas de los cabellos. La muestra palpable de su ineptitud, fue la pobrísima defensa que los destituidos hicieron en la Asamblea, en donde una vocal ni siquiera pudo leer de corrido el escrito que había (o le habían) preparado, utilizando sin ningún fundamento argumentos sensibleros sobre una supuesta discriminación por ser mujer y afrodescendiente (Mae Montaño es quizá la mejor asambleísta, es mujer y afrodescendiente). Me queda un sinsabor, porque casi siempre transitamos al borde de la legalidad, como si nuestro destino trágico fuese la permanente zozobra y la carencia absoluta de seguridad jurídica.