Estado de derecho sin justicia

Son muchos los aspectos en los que ese mutante estado de derecho ha puesto de relieve su incompetencia. Uno de los más notables es su incapacidad para combatir impunidad, corrupción, enriquecimientos ilícitos y quiebra de las normas jurídicas. Hacer un balance de los logros del estado de derecho en décadas pasadas, notaríamos la desatención al problema de la justicia dentro del marco jurídico que lo envuelve, destacándose un número abrumador de violaciones a los derechos humanos, el desgaste de mujeres y hombres con talento, la migración masiva, los excluidos, las crisis económicas de efectos devastadores, el deficiente acceso a la justicia y la desigualdad ante la ley. Sin negar los logros, a veces duramente conquistados, para humanizar el estado de derecho resulta necesario señalar que han surgido intentos para resolver los problemas, prescindiendo por completo del criterio de justicia.

La aplicación del estado de derecho con justicia, lleva riesgos. Hay tendencia de asociarlo con la intolerancia, la violencia, el terror, el autoritarismo, el atropello a los derechos humanos. Crece la percepción de que la noción de justicia que inspiró nuestro sistema constitucional ha sido neutralizado por un contexto poblado de carencias sociales, que salen a flote cuando la población se siente acosada por la violencia, cuando la mayoría enfrenta la inapelable realidad de la pobreza, y la inseguridad jurídica, que se extienden por amplios sectores del país, y agravada por la ausencia de ética en la sociedad civil, que impide la organización y fomento de una convivencia responsable.

El fortalecimiento del estado de derecho con justicia es urgente e inaplazable, es una tarea que todos necesitamos llevarla a cabo y mantenerla día tras día y colocar tan delicada cuestión al abrigo de las contingencias. La consecución del estado de derecho con justicia es una tarea obligatoria para todos, que requiere un esfuerzo cotidiano con la realidad social y responder de manera eficaz para remediar las necesidades y las exigencias de la justicia, procurando un amplio y real cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas.

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