ORLANDO AMORES TERÁN
Desde el origen del Consejo Nacional Electoral, es arbitrario; surgió de la crisis provocada por el castro-narco-comunismo, el 2007, la misma que concluyó con la destitución de diputados que se oponían al cambio de la Constitución del 98, porque fue mandato “forosaopaulista” que se aplicó en otros países de América.
Como resultado, se conformó el “congreso de los manteles”, porque esa era la percepción ciudadana, ante el proceder del innombrable con quienes suplantaron a los diputados destituidos, y por el comportamiento sumiso que éstos adoptaron. A partir de este bochornoso suceso, surgió el antecedente del CNE que será el encargado de conformar la Corte de Justicia, mediante “sorteo” de 21 jueces.
Luego implementará elecciones, que hoy sabemos, carecen de legitimidad, son de dudosa credulidad, a tal punto que es generalizado el criterio ciudadano expuesto en redes, medios de comunicación: “Para evitar el fraude: reemplazar el CNE, el sistema informático, purgar el padrón electoral”. Al no estar justificada la creación de una función estatal, para garantizar el ejercicio de derechos políticos a través del sufragio, es injustificada la creación del CNE, más aun cuando ha demostrado lo inservible que es, para el ejercicio eficaz de la democracia, porque cumple consignas orientadas a perpetuar una tendencia ideológica en el poder, burlándose del mandato de los electores, lo cual lo convierte en una institución aborrecible para la democracia, máxime cuando es réplica del CNE de Venezuela, de fatídica recordación.
El Tribunal Contencioso Electoral, mediante Resolución consideró que el CNE “vulnera los derechos de participación”. El CNE jamás garantizó el ejercicio de los derechos políticos a través del sufragio, porque se integra por consejeros que tienen su origen en el Ejecutivo, a través del Cpccs. Debe conformarse por delegados de las organizaciones políticas representadas en la Función Legislativa. El único modo de evitar sesgos ideológicos y perjuicios, es asegurar la presencia de todas las fuerzas políticas, en un Tribunal Supremo Electoral.