LUIS MUÑOZ MUÑOZ
El presidente Lenín Moreno dictó recientemente las medidas económicas, a saber: 1. Se libera el precio del diésel y la gasolina extra y ecopaís. 2’300.000 familias más recibirán USD 15 mensuales adicionales a través de diferentes bonos. 3. Eliminación o reducción de aranceles para maquinaria, equipos y materias primas agrícolas e industriales. 4. Eliminación de aranceles a la importación de celulares, computadoras, tabletas. 5. USD 1.000 millones para créditos hipotecarios desde noviembre, a una tasa del 4,99%. 6. Contratos ocasionales se renuevan con 20% menos de remuneración.
Estas medidas provocaron un paro nacional de transportistas que, acogiéndose al derecho a la resistencia, cerraron vías urbanas, interparroquiales, cantonales y provinciales, a lo que se sumaron hechos de vandalismo y saqueo en las ciudades de Guayaquil y Quito, que deben ser sancionados con el rigor de la Ley, ello obligó a decretarse el estado de excepción, que persiste.
Al análisis sereno del controvertido asunto, se distingue una dualidad de factores positivos y negativos, primero la necesidad de sincerar los precios de los combustibles, para paliar la crisis económica que heredó el actual gobierno y la segunda la escalada de precios, que se podría generar en los artículos de primera necesidad a pretexto de haberse elevado los costos del transporte, para ello los pícaros especuladores, pretenderán acaparar bienes y servicios, para revender y obtener jugosas ganancias.
En este tema, el accionar del Gobierno deber ser enérgico, ágil e implacable, para controlar la especulación en todos los órdenes y en donde se presente, protegiendo de esta forma eficazmente la economía popular y no permitir que la gran mayoría de ecuatorianos, que no tiene por qué pagar el descarado robo y corrupción de quienes antecedieron al actual gobierno y sea víctima de quienes nos gobernaron con absoluta irresponsabilidad que, en fin de cuentas, deben devolver lo robado. (O)