Liber Andrade Salazar
Definitivamente fueron inoportunas las medidas económicas, reformas tributarias y laborales anunciadas el 1 de octubre de 2019 por el Gobierno Nacional. Inmediatamente suspendieron labores la transportación de carga, pasajeros y taxis a nivel nacional, solicitando dejar sin efecto la liberalización de precios de los combustibles. Sectores sociales, indígenas, estudiantiles, trabajadores, políticos y parte de la ciudadanía se sumaban a la protesta en contra de todo el paquete de medidas y pidiendo la derogatoria de todas, por afectar a las clases populares.
Como la protesta popular empezó a tomar ribetes de fuerza inesperados, el 3 de octubre de 2019, el Presidente decreta Estado de Excepción en todo el país, bajo el argumento de conmoción interna, paralizaciones en varios lugares y posible radicalización de paralización en todo el territorio nacional; causas no previstas en el Art. 164 de la Constitución, excepto la de grave conmoción interna que significa que todo el territorio patrio esté conflictuado.
El estado de excepción lo que hace es anular los derechos de reunión y asociación así como el de libre expresión, que dejan entrever no estar viviendo un Estado Constitucional de Derechos y Justicia sino un Estado Policiaco, donde el Presidente se convierte en protagonista principal de la conducción del país.
Al fin, con medidas inconstitucionales, el Gobierno logra que los transportistas levanten su jornada de protesta pero a renglón seguido se anuncia que les revisaría el costo de pasajes a su favor, despertando con énfasis la inconformidad de los indígenas y trabajadores que anuncian jornadas de movilización y paralización, con lo cual se hace indispensable que el Gobierno tienda puentes de negociación que signifiquen derogar el paquete de medidas y sentarse a dialogar con los sectores sociales.