Asamblea podría allanarse a una parte del veto al COIP

HECHO. Ante falta de consensos en temas polémicos, legisladores votaron por bloques las reformas al COIP.
HECHO. Ante falta de consensos en temas polémicos, legisladores votaron por bloques las reformas al COIP.
HECHO. Ante falta de consensos en temas polémicos, legisladores votaron por bloques las reformas al COIP.
HECHO. Ante falta de consensos en temas polémicos, legisladores votaron por bloques las reformas al COIP.
HECHO. Ante falta de consensos en temas polémicos, legisladores votaron por bloques las reformas al COIP.
HECHO. Ante falta de consensos en temas polémicos, legisladores votaron por bloques las reformas al COIP.
HECHO. Ante falta de consensos en temas polémicos, legisladores votaron por bloques las reformas al COIP.
HECHO. Ante falta de consensos en temas polémicos, legisladores votaron por bloques las reformas al COIP.

La Asamblea Nacional tiene hasta el 17 de noviembre para resolver qué hacer con el veto parcial enviado por el Ejecutivo al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Comisión de Justicia conocerá mañana el documento de 96 páginas que remitió el presidente, Lenín Moreno,el viernes. Allí constan 37 objeciones parciales y cuatro de constitucionalidad; estas últimas deberán ser tramitadas por la Corte Constitucional.

Del análisis inicial realizado por la presidenta de la Mesa, Ximena Peña, hay 17 objeciones de forma, en las cuales no habría dificultad para que el Parlamento se allane a la posición del Ejecutivo.

Sin embargo, otras 11 tienen “reformulaciones conceptuales que hay que debatir”, como en la definición de dolo, la supresión o no del delito de abuso de armas de fuego y las modificaciones para aplicar a la prelibertad.

Hay un tercer grupo en el que el Ejecutivo hizo “aportes sustantivos” al articulado, que podrían incorporarse al proyecto. Aquí les presentamos algunas de las sugerencias que envió Moreno sobre temas de seguridad, nuevos delitos y reformas de procedimiento. (AGO)

Aclaraciones surgidas tras las protestas

Como una pena restrictiva de los derechos de la propiedad, el Ejecutivo propone incorporar la “obligación de asumir los costos monetarios ocasionados por la restauración de bienes patrimoniales afectados a consecuencia de la infracción”.

Además, plantea reformar el delito de ataque o resistencia, para que cuando se hayan afectado bienes patrimoniales, la sanción sea de uno a tres años de cárcel más la obligación de restaurar el bien. La pena regular es de seis meses a dos años.

El Dato
El Ejecutivo objetó parcialmente tres disposiciones transitorias.
Por otro lado, descarta que se elimine el delito de abuso de arma de fuego, pues considera que es una infracción autónoma, y propone que cuando policías o guías penitenciarios sean procesados en un hecho relacionado al cumplimiento de sus obligaciones, se apliquen medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Discrepancias en temas de
procedimiento

El Ejecutivo no está de acuerdo en cambiar los requisitos para aplicar al régimen abierto o semiabierto. La Asamblea aprobó que en determinados delitos, como asesinato, femicidio y concusión, los sentenciados no puedan aplicar a la prelibertad. Como contrapropuesta, para garantizar la reinserción y rehabilitación, el Ejecutivo sugiere que todos puedan aplicar, pero que además del grillete se establezca una presentación periódica.

Los legisladores también aprobaron que los departamentos médicos de las cárceles cuenten con personal femenino, a lo que el Ejecutivo respondió que por temas presupuestarios no debería ser mandatorio.

En el documento se hace una mejora al delito sobre el ingreso de artículos prohibidos, pues adiciona teléfonos satelitales y artefactos para burlar sistemas de inhibición.

Cuestionamientos sobre
nuevos delitos

Por solicitud de familiares de personas desaparecidas, la Asamblea aprobó la incorporación del delito de desaparición involuntaria, pero a criterio del Ejecutivo la inclusión resultaría “inoficiosa”, pues la tipificación presenta elementos similares al secuestro. Así, sugiere cambiar ese último delito.

Mientras, considera que es un error, en el delito de violación, eliminar la aplicación máxima de la pena cuando “la víctima se encuentre bajo el cuidado del agresor”. Los legisladores suprimieron esa causal porque crearon la infracción el tipo penal de violación incestuosa, pero el Ejecutivo insiste en que no son hechos similares.

La Asamblea Nacional tiene hasta el 17 de noviembre para resolver qué hacer con el veto parcial enviado por el Ejecutivo al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Comisión de Justicia conocerá mañana el documento de 96 páginas que remitió el presidente, Lenín Moreno,el viernes. Allí constan 37 objeciones parciales y cuatro de constitucionalidad; estas últimas deberán ser tramitadas por la Corte Constitucional.

Del análisis inicial realizado por la presidenta de la Mesa, Ximena Peña, hay 17 objeciones de forma, en las cuales no habría dificultad para que el Parlamento se allane a la posición del Ejecutivo.

Sin embargo, otras 11 tienen “reformulaciones conceptuales que hay que debatir”, como en la definición de dolo, la supresión o no del delito de abuso de armas de fuego y las modificaciones para aplicar a la prelibertad.

Hay un tercer grupo en el que el Ejecutivo hizo “aportes sustantivos” al articulado, que podrían incorporarse al proyecto. Aquí les presentamos algunas de las sugerencias que envió Moreno sobre temas de seguridad, nuevos delitos y reformas de procedimiento. (AGO)

Aclaraciones surgidas tras las protestas

Como una pena restrictiva de los derechos de la propiedad, el Ejecutivo propone incorporar la “obligación de asumir los costos monetarios ocasionados por la restauración de bienes patrimoniales afectados a consecuencia de la infracción”.

Además, plantea reformar el delito de ataque o resistencia, para que cuando se hayan afectado bienes patrimoniales, la sanción sea de uno a tres años de cárcel más la obligación de restaurar el bien. La pena regular es de seis meses a dos años.

El Dato
El Ejecutivo objetó parcialmente tres disposiciones transitorias.
Por otro lado, descarta que se elimine el delito de abuso de arma de fuego, pues considera que es una infracción autónoma, y propone que cuando policías o guías penitenciarios sean procesados en un hecho relacionado al cumplimiento de sus obligaciones, se apliquen medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Discrepancias en temas de
procedimiento

El Ejecutivo no está de acuerdo en cambiar los requisitos para aplicar al régimen abierto o semiabierto. La Asamblea aprobó que en determinados delitos, como asesinato, femicidio y concusión, los sentenciados no puedan aplicar a la prelibertad. Como contrapropuesta, para garantizar la reinserción y rehabilitación, el Ejecutivo sugiere que todos puedan aplicar, pero que además del grillete se establezca una presentación periódica.

Los legisladores también aprobaron que los departamentos médicos de las cárceles cuenten con personal femenino, a lo que el Ejecutivo respondió que por temas presupuestarios no debería ser mandatorio.

En el documento se hace una mejora al delito sobre el ingreso de artículos prohibidos, pues adiciona teléfonos satelitales y artefactos para burlar sistemas de inhibición.

Cuestionamientos sobre
nuevos delitos

Por solicitud de familiares de personas desaparecidas, la Asamblea aprobó la incorporación del delito de desaparición involuntaria, pero a criterio del Ejecutivo la inclusión resultaría “inoficiosa”, pues la tipificación presenta elementos similares al secuestro. Así, sugiere cambiar ese último delito.

Mientras, considera que es un error, en el delito de violación, eliminar la aplicación máxima de la pena cuando “la víctima se encuentre bajo el cuidado del agresor”. Los legisladores suprimieron esa causal porque crearon la infracción el tipo penal de violación incestuosa, pero el Ejecutivo insiste en que no son hechos similares.

La Asamblea Nacional tiene hasta el 17 de noviembre para resolver qué hacer con el veto parcial enviado por el Ejecutivo al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Comisión de Justicia conocerá mañana el documento de 96 páginas que remitió el presidente, Lenín Moreno,el viernes. Allí constan 37 objeciones parciales y cuatro de constitucionalidad; estas últimas deberán ser tramitadas por la Corte Constitucional.

Del análisis inicial realizado por la presidenta de la Mesa, Ximena Peña, hay 17 objeciones de forma, en las cuales no habría dificultad para que el Parlamento se allane a la posición del Ejecutivo.

Sin embargo, otras 11 tienen “reformulaciones conceptuales que hay que debatir”, como en la definición de dolo, la supresión o no del delito de abuso de armas de fuego y las modificaciones para aplicar a la prelibertad.

Hay un tercer grupo en el que el Ejecutivo hizo “aportes sustantivos” al articulado, que podrían incorporarse al proyecto. Aquí les presentamos algunas de las sugerencias que envió Moreno sobre temas de seguridad, nuevos delitos y reformas de procedimiento. (AGO)

Aclaraciones surgidas tras las protestas

Como una pena restrictiva de los derechos de la propiedad, el Ejecutivo propone incorporar la “obligación de asumir los costos monetarios ocasionados por la restauración de bienes patrimoniales afectados a consecuencia de la infracción”.

Además, plantea reformar el delito de ataque o resistencia, para que cuando se hayan afectado bienes patrimoniales, la sanción sea de uno a tres años de cárcel más la obligación de restaurar el bien. La pena regular es de seis meses a dos años.

El Dato
El Ejecutivo objetó parcialmente tres disposiciones transitorias.
Por otro lado, descarta que se elimine el delito de abuso de arma de fuego, pues considera que es una infracción autónoma, y propone que cuando policías o guías penitenciarios sean procesados en un hecho relacionado al cumplimiento de sus obligaciones, se apliquen medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Discrepancias en temas de
procedimiento

El Ejecutivo no está de acuerdo en cambiar los requisitos para aplicar al régimen abierto o semiabierto. La Asamblea aprobó que en determinados delitos, como asesinato, femicidio y concusión, los sentenciados no puedan aplicar a la prelibertad. Como contrapropuesta, para garantizar la reinserción y rehabilitación, el Ejecutivo sugiere que todos puedan aplicar, pero que además del grillete se establezca una presentación periódica.

Los legisladores también aprobaron que los departamentos médicos de las cárceles cuenten con personal femenino, a lo que el Ejecutivo respondió que por temas presupuestarios no debería ser mandatorio.

En el documento se hace una mejora al delito sobre el ingreso de artículos prohibidos, pues adiciona teléfonos satelitales y artefactos para burlar sistemas de inhibición.

Cuestionamientos sobre
nuevos delitos

Por solicitud de familiares de personas desaparecidas, la Asamblea aprobó la incorporación del delito de desaparición involuntaria, pero a criterio del Ejecutivo la inclusión resultaría “inoficiosa”, pues la tipificación presenta elementos similares al secuestro. Así, sugiere cambiar ese último delito.

Mientras, considera que es un error, en el delito de violación, eliminar la aplicación máxima de la pena cuando “la víctima se encuentre bajo el cuidado del agresor”. Los legisladores suprimieron esa causal porque crearon la infracción el tipo penal de violación incestuosa, pero el Ejecutivo insiste en que no son hechos similares.

La Asamblea Nacional tiene hasta el 17 de noviembre para resolver qué hacer con el veto parcial enviado por el Ejecutivo al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Comisión de Justicia conocerá mañana el documento de 96 páginas que remitió el presidente, Lenín Moreno,el viernes. Allí constan 37 objeciones parciales y cuatro de constitucionalidad; estas últimas deberán ser tramitadas por la Corte Constitucional.

Del análisis inicial realizado por la presidenta de la Mesa, Ximena Peña, hay 17 objeciones de forma, en las cuales no habría dificultad para que el Parlamento se allane a la posición del Ejecutivo.

Sin embargo, otras 11 tienen “reformulaciones conceptuales que hay que debatir”, como en la definición de dolo, la supresión o no del delito de abuso de armas de fuego y las modificaciones para aplicar a la prelibertad.

Hay un tercer grupo en el que el Ejecutivo hizo “aportes sustantivos” al articulado, que podrían incorporarse al proyecto. Aquí les presentamos algunas de las sugerencias que envió Moreno sobre temas de seguridad, nuevos delitos y reformas de procedimiento. (AGO)

Aclaraciones surgidas tras las protestas

Como una pena restrictiva de los derechos de la propiedad, el Ejecutivo propone incorporar la “obligación de asumir los costos monetarios ocasionados por la restauración de bienes patrimoniales afectados a consecuencia de la infracción”.

Además, plantea reformar el delito de ataque o resistencia, para que cuando se hayan afectado bienes patrimoniales, la sanción sea de uno a tres años de cárcel más la obligación de restaurar el bien. La pena regular es de seis meses a dos años.

El Dato
El Ejecutivo objetó parcialmente tres disposiciones transitorias.
Por otro lado, descarta que se elimine el delito de abuso de arma de fuego, pues considera que es una infracción autónoma, y propone que cuando policías o guías penitenciarios sean procesados en un hecho relacionado al cumplimiento de sus obligaciones, se apliquen medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Discrepancias en temas de
procedimiento

El Ejecutivo no está de acuerdo en cambiar los requisitos para aplicar al régimen abierto o semiabierto. La Asamblea aprobó que en determinados delitos, como asesinato, femicidio y concusión, los sentenciados no puedan aplicar a la prelibertad. Como contrapropuesta, para garantizar la reinserción y rehabilitación, el Ejecutivo sugiere que todos puedan aplicar, pero que además del grillete se establezca una presentación periódica.

Los legisladores también aprobaron que los departamentos médicos de las cárceles cuenten con personal femenino, a lo que el Ejecutivo respondió que por temas presupuestarios no debería ser mandatorio.

En el documento se hace una mejora al delito sobre el ingreso de artículos prohibidos, pues adiciona teléfonos satelitales y artefactos para burlar sistemas de inhibición.

Cuestionamientos sobre
nuevos delitos

Por solicitud de familiares de personas desaparecidas, la Asamblea aprobó la incorporación del delito de desaparición involuntaria, pero a criterio del Ejecutivo la inclusión resultaría “inoficiosa”, pues la tipificación presenta elementos similares al secuestro. Así, sugiere cambiar ese último delito.

Mientras, considera que es un error, en el delito de violación, eliminar la aplicación máxima de la pena cuando “la víctima se encuentre bajo el cuidado del agresor”. Los legisladores suprimieron esa causal porque crearon la infracción el tipo penal de violación incestuosa, pero el Ejecutivo insiste en que no son hechos similares.