Piden elevar al rango de Ley el uso progresivo de la fuerza.

COMPARECENCIA. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión (centro), presentó su informe ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
COMPARECENCIA. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión (centro), presentó su informe ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
COMPARECENCIA. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión (centro), presentó su informe ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
COMPARECENCIA. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión (centro), presentó su informe ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
COMPARECENCIA. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión (centro), presentó su informe ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
COMPARECENCIA. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión (centro), presentó su informe ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
COMPARECENCIA. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión (centro), presentó su informe ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
COMPARECENCIA. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión (centro), presentó su informe ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana.

A raíz de las manifestaciones de octubre se hace necesario revisar la normativa que rige el uso progresivo de la fuerza. Así lo señaló el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien acudió ayer al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) para informar sobre la investigación que esa institución realizó de las marchas.

Carrión explicó que trabajará en un proyecto de Ley para plantearlo a la Asamblea, ya que si bien existe un reglamento sobre el uso progresivo de la fuerza, es necesario que este tema esté completamente regulado para tener una clara concepción de cómo se la debe utilizar y en qué contexto.

“La fuerza pública debe tener un uso adecuado, no lo puede hacer de manera indiscriminada, porque está afectando la integridad y la propia vida de los manifestantes”, explicó. Añadió que la propuesta se está analizando con la Comisión de la Verdad Especial para la Verdad y Justicia que armó la Defensoría, para que investigue los hechos que se produjeron durante el paro de actividades de octubre.

Por su parte, el consejero David Rosero considera que se debe revisar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que fue aprobada cuando gobernaba Rafael Correa y tenía en el Legislativo a más de 10 asambleístas.

Rosero dijo que con un Legislatura que dominaba el oficialismo algunas contravenciones pasaron a convertirse en delitos, llegando al sabotaje y terrorismo, que sirvió para la criminalización de la protesta social, normativa que se mantiene vigente. (HCR)

A raíz de las manifestaciones de octubre se hace necesario revisar la normativa que rige el uso progresivo de la fuerza. Así lo señaló el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien acudió ayer al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) para informar sobre la investigación que esa institución realizó de las marchas.

Carrión explicó que trabajará en un proyecto de Ley para plantearlo a la Asamblea, ya que si bien existe un reglamento sobre el uso progresivo de la fuerza, es necesario que este tema esté completamente regulado para tener una clara concepción de cómo se la debe utilizar y en qué contexto.

“La fuerza pública debe tener un uso adecuado, no lo puede hacer de manera indiscriminada, porque está afectando la integridad y la propia vida de los manifestantes”, explicó. Añadió que la propuesta se está analizando con la Comisión de la Verdad Especial para la Verdad y Justicia que armó la Defensoría, para que investigue los hechos que se produjeron durante el paro de actividades de octubre.

Por su parte, el consejero David Rosero considera que se debe revisar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que fue aprobada cuando gobernaba Rafael Correa y tenía en el Legislativo a más de 10 asambleístas.

Rosero dijo que con un Legislatura que dominaba el oficialismo algunas contravenciones pasaron a convertirse en delitos, llegando al sabotaje y terrorismo, que sirvió para la criminalización de la protesta social, normativa que se mantiene vigente. (HCR)

A raíz de las manifestaciones de octubre se hace necesario revisar la normativa que rige el uso progresivo de la fuerza. Así lo señaló el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien acudió ayer al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) para informar sobre la investigación que esa institución realizó de las marchas.

Carrión explicó que trabajará en un proyecto de Ley para plantearlo a la Asamblea, ya que si bien existe un reglamento sobre el uso progresivo de la fuerza, es necesario que este tema esté completamente regulado para tener una clara concepción de cómo se la debe utilizar y en qué contexto.

“La fuerza pública debe tener un uso adecuado, no lo puede hacer de manera indiscriminada, porque está afectando la integridad y la propia vida de los manifestantes”, explicó. Añadió que la propuesta se está analizando con la Comisión de la Verdad Especial para la Verdad y Justicia que armó la Defensoría, para que investigue los hechos que se produjeron durante el paro de actividades de octubre.

Por su parte, el consejero David Rosero considera que se debe revisar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que fue aprobada cuando gobernaba Rafael Correa y tenía en el Legislativo a más de 10 asambleístas.

Rosero dijo que con un Legislatura que dominaba el oficialismo algunas contravenciones pasaron a convertirse en delitos, llegando al sabotaje y terrorismo, que sirvió para la criminalización de la protesta social, normativa que se mantiene vigente. (HCR)

A raíz de las manifestaciones de octubre se hace necesario revisar la normativa que rige el uso progresivo de la fuerza. Así lo señaló el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien acudió ayer al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) para informar sobre la investigación que esa institución realizó de las marchas.

Carrión explicó que trabajará en un proyecto de Ley para plantearlo a la Asamblea, ya que si bien existe un reglamento sobre el uso progresivo de la fuerza, es necesario que este tema esté completamente regulado para tener una clara concepción de cómo se la debe utilizar y en qué contexto.

“La fuerza pública debe tener un uso adecuado, no lo puede hacer de manera indiscriminada, porque está afectando la integridad y la propia vida de los manifestantes”, explicó. Añadió que la propuesta se está analizando con la Comisión de la Verdad Especial para la Verdad y Justicia que armó la Defensoría, para que investigue los hechos que se produjeron durante el paro de actividades de octubre.

Por su parte, el consejero David Rosero considera que se debe revisar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que fue aprobada cuando gobernaba Rafael Correa y tenía en el Legislativo a más de 10 asambleístas.

Rosero dijo que con un Legislatura que dominaba el oficialismo algunas contravenciones pasaron a convertirse en delitos, llegando al sabotaje y terrorismo, que sirvió para la criminalización de la protesta social, normativa que se mantiene vigente. (HCR)