Trabajadores de Furukawa presentan acción de protección contra trato de esclavitud

Quito, EFE

El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más presentó este jueves una acción de protección contra el presunto trato inhumano y de esclavitud, extendido durante años a cientos de trabajadores de esa firma.

La acción de protección se presentó «ante la impunidad ya a casi dos años de las denuncias presentadas frente a varias instituciones del Estado por la situación de servidumbre y esclavitud«, señala el Comité en un comunicado.

La medida se interpuso en búsqueda de que se garanticen «los derechos humanos vulnerados durante más de 56 años en los que Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador ha venido operando en el país y que se dictamine la reparación integral de las víctimas», agrega.

Recuerda que existe un proceso penal en contra de la empresa, sin embargo, «este es demorado con relación a las necesidades urgentes de las personas que han sido desplazadas de las haciendas y de aquellas que todavía resisten en las tierras con similares condiciones de vida indigna».

«Por ello es inminente la respuesta de los jueces constitucionales que deben declarar la vulneración de los derechos y la reparación integral», asegura el Comité.

Catherine Chamba, representante del Centro de derechos Económicos y sociales, que acompaña a los trabajadores de Furukawa, pidió al Estado «ya no dilatar con artimañas, con mentiras. Necesitamos respuestas por parte del Ministerio del Trabajo».

«Los trabajadores viven en condiciones infrahumanas terribles», aseguró a la prensa rodeada de personas que lucían cadenas colgando desde el cuello y con la boca sellada con cinta.

Insistió en pedir al Estado que «no desconozca los derechos de los trabajadores de Furukawa. Seguiremos en la lucha con los compañeros hasta que Furukawa pague lo que debe y el Estado sepa sacar de nuestro país a este explotador», afirmó.

En febrero pasado, la Defensoría del Pueblo reveló lo que considera un grave caso de «esclavitud moderna» que afecta al menos a 450 obreros y sus familias, que viven en condiciones deplorables en plantaciones bajo la propiedad de una empresa de capital japonés.

En un informe la institución nacional de derechos humanos dio cuenta de graves vulneraciones a decenas de familias, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones agrícolas del abacá, una planta parecida al banano cuyo tallo alberga una fibra muy resistente y cotizada en el campo industrial.

Desde que conoció del caso el 16 de octubre por parte de los propios afectados que ahora están asociados y representan a 450 trabajadores, la Defensoría efectuó tres misiones de verificación en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Los Ríos.

En ellas sus funcionarios constataron «la constante vulneración de derechos humanos, en especial las graves condiciones en las que viven y trabajan dentro de las haciendas de la empresa, lo que les ha provocado un empobrecimiento generalizado», indicó.

La entonces defensora del Pueblo, Gina Benavides, hizo un llamamiento a las autoridades y consideró el caso como «uno de los más graves que hemos tenido que verificar».

«En las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones CA del Ecuador viven y trabajan desde hace décadas decenas de familias y lo hacen en condiciones no compatibles con la dignidad humana», según dijo Benavides.

Resaltó que residen en «campamentos viejos, lúgubres, húmedos, sin agua potable, luz eléctrica, ni saneamiento ambiental».

Y que hombres, mujeres, niños y adultos mayores, «cuya vida se restringe a extraer la fibra de abacá» lo hacen para entregar en exclusividad a la empresa el material que extraen y procesan.

Las personas que no trabajan directamente el cultivo cuidan del resto de la comunidad en tareas como preparación de la comida, lavar la ropa y atender a niños, ancianos y enfermos.

Furukawa niega públicamente que sean sus trabajadores, pese a que viven en tierras regentadas por la firma y opera con dos figuras que resultan ilegales en Ecuador, añadió la Defensoría.

Quito, EFE

El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más presentó este jueves una acción de protección contra el presunto trato inhumano y de esclavitud, extendido durante años a cientos de trabajadores de esa firma.

La acción de protección se presentó «ante la impunidad ya a casi dos años de las denuncias presentadas frente a varias instituciones del Estado por la situación de servidumbre y esclavitud«, señala el Comité en un comunicado.

La medida se interpuso en búsqueda de que se garanticen «los derechos humanos vulnerados durante más de 56 años en los que Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador ha venido operando en el país y que se dictamine la reparación integral de las víctimas», agrega.

Recuerda que existe un proceso penal en contra de la empresa, sin embargo, «este es demorado con relación a las necesidades urgentes de las personas que han sido desplazadas de las haciendas y de aquellas que todavía resisten en las tierras con similares condiciones de vida indigna».

«Por ello es inminente la respuesta de los jueces constitucionales que deben declarar la vulneración de los derechos y la reparación integral», asegura el Comité.

Catherine Chamba, representante del Centro de derechos Económicos y sociales, que acompaña a los trabajadores de Furukawa, pidió al Estado «ya no dilatar con artimañas, con mentiras. Necesitamos respuestas por parte del Ministerio del Trabajo».

«Los trabajadores viven en condiciones infrahumanas terribles», aseguró a la prensa rodeada de personas que lucían cadenas colgando desde el cuello y con la boca sellada con cinta.

Insistió en pedir al Estado que «no desconozca los derechos de los trabajadores de Furukawa. Seguiremos en la lucha con los compañeros hasta que Furukawa pague lo que debe y el Estado sepa sacar de nuestro país a este explotador», afirmó.

En febrero pasado, la Defensoría del Pueblo reveló lo que considera un grave caso de «esclavitud moderna» que afecta al menos a 450 obreros y sus familias, que viven en condiciones deplorables en plantaciones bajo la propiedad de una empresa de capital japonés.

En un informe la institución nacional de derechos humanos dio cuenta de graves vulneraciones a decenas de familias, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones agrícolas del abacá, una planta parecida al banano cuyo tallo alberga una fibra muy resistente y cotizada en el campo industrial.

Desde que conoció del caso el 16 de octubre por parte de los propios afectados que ahora están asociados y representan a 450 trabajadores, la Defensoría efectuó tres misiones de verificación en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Los Ríos.

En ellas sus funcionarios constataron «la constante vulneración de derechos humanos, en especial las graves condiciones en las que viven y trabajan dentro de las haciendas de la empresa, lo que les ha provocado un empobrecimiento generalizado», indicó.

La entonces defensora del Pueblo, Gina Benavides, hizo un llamamiento a las autoridades y consideró el caso como «uno de los más graves que hemos tenido que verificar».

«En las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones CA del Ecuador viven y trabajan desde hace décadas decenas de familias y lo hacen en condiciones no compatibles con la dignidad humana», según dijo Benavides.

Resaltó que residen en «campamentos viejos, lúgubres, húmedos, sin agua potable, luz eléctrica, ni saneamiento ambiental».

Y que hombres, mujeres, niños y adultos mayores, «cuya vida se restringe a extraer la fibra de abacá» lo hacen para entregar en exclusividad a la empresa el material que extraen y procesan.

Las personas que no trabajan directamente el cultivo cuidan del resto de la comunidad en tareas como preparación de la comida, lavar la ropa y atender a niños, ancianos y enfermos.

Furukawa niega públicamente que sean sus trabajadores, pese a que viven en tierras regentadas por la firma y opera con dos figuras que resultan ilegales en Ecuador, añadió la Defensoría.

Quito, EFE

El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más presentó este jueves una acción de protección contra el presunto trato inhumano y de esclavitud, extendido durante años a cientos de trabajadores de esa firma.

La acción de protección se presentó «ante la impunidad ya a casi dos años de las denuncias presentadas frente a varias instituciones del Estado por la situación de servidumbre y esclavitud«, señala el Comité en un comunicado.

La medida se interpuso en búsqueda de que se garanticen «los derechos humanos vulnerados durante más de 56 años en los que Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador ha venido operando en el país y que se dictamine la reparación integral de las víctimas», agrega.

Recuerda que existe un proceso penal en contra de la empresa, sin embargo, «este es demorado con relación a las necesidades urgentes de las personas que han sido desplazadas de las haciendas y de aquellas que todavía resisten en las tierras con similares condiciones de vida indigna».

«Por ello es inminente la respuesta de los jueces constitucionales que deben declarar la vulneración de los derechos y la reparación integral», asegura el Comité.

Catherine Chamba, representante del Centro de derechos Económicos y sociales, que acompaña a los trabajadores de Furukawa, pidió al Estado «ya no dilatar con artimañas, con mentiras. Necesitamos respuestas por parte del Ministerio del Trabajo».

«Los trabajadores viven en condiciones infrahumanas terribles», aseguró a la prensa rodeada de personas que lucían cadenas colgando desde el cuello y con la boca sellada con cinta.

Insistió en pedir al Estado que «no desconozca los derechos de los trabajadores de Furukawa. Seguiremos en la lucha con los compañeros hasta que Furukawa pague lo que debe y el Estado sepa sacar de nuestro país a este explotador», afirmó.

En febrero pasado, la Defensoría del Pueblo reveló lo que considera un grave caso de «esclavitud moderna» que afecta al menos a 450 obreros y sus familias, que viven en condiciones deplorables en plantaciones bajo la propiedad de una empresa de capital japonés.

En un informe la institución nacional de derechos humanos dio cuenta de graves vulneraciones a decenas de familias, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones agrícolas del abacá, una planta parecida al banano cuyo tallo alberga una fibra muy resistente y cotizada en el campo industrial.

Desde que conoció del caso el 16 de octubre por parte de los propios afectados que ahora están asociados y representan a 450 trabajadores, la Defensoría efectuó tres misiones de verificación en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Los Ríos.

En ellas sus funcionarios constataron «la constante vulneración de derechos humanos, en especial las graves condiciones en las que viven y trabajan dentro de las haciendas de la empresa, lo que les ha provocado un empobrecimiento generalizado», indicó.

La entonces defensora del Pueblo, Gina Benavides, hizo un llamamiento a las autoridades y consideró el caso como «uno de los más graves que hemos tenido que verificar».

«En las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones CA del Ecuador viven y trabajan desde hace décadas decenas de familias y lo hacen en condiciones no compatibles con la dignidad humana», según dijo Benavides.

Resaltó que residen en «campamentos viejos, lúgubres, húmedos, sin agua potable, luz eléctrica, ni saneamiento ambiental».

Y que hombres, mujeres, niños y adultos mayores, «cuya vida se restringe a extraer la fibra de abacá» lo hacen para entregar en exclusividad a la empresa el material que extraen y procesan.

Las personas que no trabajan directamente el cultivo cuidan del resto de la comunidad en tareas como preparación de la comida, lavar la ropa y atender a niños, ancianos y enfermos.

Furukawa niega públicamente que sean sus trabajadores, pese a que viven en tierras regentadas por la firma y opera con dos figuras que resultan ilegales en Ecuador, añadió la Defensoría.

Quito, EFE

El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más presentó este jueves una acción de protección contra el presunto trato inhumano y de esclavitud, extendido durante años a cientos de trabajadores de esa firma.

La acción de protección se presentó «ante la impunidad ya a casi dos años de las denuncias presentadas frente a varias instituciones del Estado por la situación de servidumbre y esclavitud«, señala el Comité en un comunicado.

La medida se interpuso en búsqueda de que se garanticen «los derechos humanos vulnerados durante más de 56 años en los que Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador ha venido operando en el país y que se dictamine la reparación integral de las víctimas», agrega.

Recuerda que existe un proceso penal en contra de la empresa, sin embargo, «este es demorado con relación a las necesidades urgentes de las personas que han sido desplazadas de las haciendas y de aquellas que todavía resisten en las tierras con similares condiciones de vida indigna».

«Por ello es inminente la respuesta de los jueces constitucionales que deben declarar la vulneración de los derechos y la reparación integral», asegura el Comité.

Catherine Chamba, representante del Centro de derechos Económicos y sociales, que acompaña a los trabajadores de Furukawa, pidió al Estado «ya no dilatar con artimañas, con mentiras. Necesitamos respuestas por parte del Ministerio del Trabajo».

«Los trabajadores viven en condiciones infrahumanas terribles», aseguró a la prensa rodeada de personas que lucían cadenas colgando desde el cuello y con la boca sellada con cinta.

Insistió en pedir al Estado que «no desconozca los derechos de los trabajadores de Furukawa. Seguiremos en la lucha con los compañeros hasta que Furukawa pague lo que debe y el Estado sepa sacar de nuestro país a este explotador», afirmó.

En febrero pasado, la Defensoría del Pueblo reveló lo que considera un grave caso de «esclavitud moderna» que afecta al menos a 450 obreros y sus familias, que viven en condiciones deplorables en plantaciones bajo la propiedad de una empresa de capital japonés.

En un informe la institución nacional de derechos humanos dio cuenta de graves vulneraciones a decenas de familias, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones agrícolas del abacá, una planta parecida al banano cuyo tallo alberga una fibra muy resistente y cotizada en el campo industrial.

Desde que conoció del caso el 16 de octubre por parte de los propios afectados que ahora están asociados y representan a 450 trabajadores, la Defensoría efectuó tres misiones de verificación en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Los Ríos.

En ellas sus funcionarios constataron «la constante vulneración de derechos humanos, en especial las graves condiciones en las que viven y trabajan dentro de las haciendas de la empresa, lo que les ha provocado un empobrecimiento generalizado», indicó.

La entonces defensora del Pueblo, Gina Benavides, hizo un llamamiento a las autoridades y consideró el caso como «uno de los más graves que hemos tenido que verificar».

«En las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones CA del Ecuador viven y trabajan desde hace décadas decenas de familias y lo hacen en condiciones no compatibles con la dignidad humana», según dijo Benavides.

Resaltó que residen en «campamentos viejos, lúgubres, húmedos, sin agua potable, luz eléctrica, ni saneamiento ambiental».

Y que hombres, mujeres, niños y adultos mayores, «cuya vida se restringe a extraer la fibra de abacá» lo hacen para entregar en exclusividad a la empresa el material que extraen y procesan.

Las personas que no trabajan directamente el cultivo cuidan del resto de la comunidad en tareas como preparación de la comida, lavar la ropa y atender a niños, ancianos y enfermos.

Furukawa niega públicamente que sean sus trabajadores, pese a que viven en tierras regentadas por la firma y opera con dos figuras que resultan ilegales en Ecuador, añadió la Defensoría.