Mariana Velasco
El Gobierno de Lenin Moreno, parecía dispuesto a cumplir lo que avaló el 73,71 por ciento de los votantes en la consulta popular de febrero de hace dos años: la muerte civil a los corruptos, que implica que los sentenciados por corrupción no se puedan presentar a ninguna elección popular ni puedan ejercer cargo público alguno. Con el pasar del tiempo, la ‘cirugía mayor a la corrupción’, es sólo una frase.
El ecuatoriano asumió que caminábamos hacia la ética pública, sin sospechar que todo quedaría en denuncias. El país está lejos de profundizar el combate contra la corrupción para extirparla de raíz. Cada desvío de recursos impide el logro de objetivos y metas en los diferentes sectores de servicios: educación, salud, vivienda, seguridad social, transporte.
Al no lograr los resultados esperados, se condena a los ciudadanos no sólo a la marginación, sino a la insatisfacción de sus demandas. Los casos de corrupción y la inercia para combatirlos, generan la desacreditación tanto de los servidores como de las instituciones públicas, lo que ocasiona que la ciudadanía pierda la confianza en sus gobernantes, grave problema que sitúa en una encrucijada a cualquier gobierno.
Llama la atención que una mayoría de asambleístas no haya dado la debida importancia a la rendición de cuentas de seis funcionarios de las entidades de control. Parecería que no interiorizan los valores de servicio público, caso contrario habría un cambio de actitud en sentido positivo.
Son los llamados a actuar con responsabilidad y eficiencia para generar mejores resultados en los servicios que prestan las entidades públicas. Cuando las instituciones funcionan, tiene lugar una satisfacción en el servicio, una mejora en la calidad de vida que da pie al rescate de la confianza de los ciudadanos.