Intereses y vencimientos de la deuda pública alcanzarán los $70.000 millones en 2030.
El Gobierno tiene cada vez menos recursos para enfrentar un gasto público muy pesado, donde solo la burocracia representa desembolsos de más de $9.000 millones al año.
El ajuste estructural del tamaño del Estado no se concretó y desde este año, y más fuerza de 2022 al 2030, los pagos por el servicio de la deuda pública (intereses, amortizaciones y vencimientos de capital) representarían el equivalente al 70% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, unos $70.000 millones.
Desde mayo 2017, cuando inició la administración de Lenín Moreno, el riesgo país ha promediado los 700 puntos. Solo en lo que va de 2020, ese indicador ha aumentado más del 50%, hasta llegar a los 1.156 puntos.
Según Diego Olmedo, analista económico, ese nivel de riesgo es el reflejo directo de unas finanzas públicas al límite de sus posibilidades: “Los papeles de deuda del país ya son considerados bonos basura en los mercados internacionales. Eso hace casi inviable una renegociación que alivie el peso de los vencimientos que se van a acumular en los próximos 10 años”.
Sin embargo, aunque se una tarea muy complicada, es urgente que se renegocie, al menos una parte importante de las obligaciones con el exterior, sobre todo las relacionadas con China.
Mauricio Pozo, exministro de Economía, afirmó que cualquier intento de modificar las condiciones de pago de la deuda externa debe hacerse mediante mecanismo de mercado y de forma amigable: “Cualquier decisión unilateral sería considerada como moratoria o default”.
Poca maniobra
Un riesgo país tan alto, con posibilidades de crecer ante los bajos precios del petróleo y los actuales gastos del Gobierno, reducen las posibilidades de que se negocie un aumento de los plazos de vencimiento de los bonos.
La única opción, a criterio de Pozo, es que organismos multilaterales cumplan el papel de mediadores y garantes de la renegociación.
En el caso de la deuda con China, que supera los $6.000 millones, tampoco existen buenas perspectivas. El Gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para conseguir una extensión de plazos y la postergación de la entrega de una parte del crudo comprometido.
Para Olmedo, si no se logra extender los plazos y mejorar las condiciones de pago de la deuda, la única opción del Gobierno –y del siguiente- es un ajuste radical en el sector público: “De lo contrario, un default técnico se podría declarar en 2022, porque el país no tendría dinero para el capital de los bonos que se vencen”.
Pozo concuerda con este criterio y opina que “mediante un acuerdo con la burocracia se podría reducir un 20% los sueldos, a cambio de asegurar el empleo; con eso se ahorrarían $2.000 millones anuales”. (JS)
CIFRA
1.156 puntos es el riesgo país de Ecuador, solo superado por Venezuela (14.708) y Argentina (2.037).