Quito, EFE
La justicia ecuatoriana condenó a siete años de prisión a un ciudadano como autor directo del delito de estafa contra 47 personas en la ciudad de Ambato, informó este lunes la Fiscalía, que cifró el perjuicio en más de 600.000 dólares.
En un comunicado, señaló que el Tribunal de Garantías Penales de Ambato declaró culpable a Daniel Renato A. T., tras acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía.
«Lo sentenció a siete años de privación de libertad, como autor directo del delito de estafa, cometido contra cuarenta y siete personas, que desde 2007 entregaron altas sumas de dinero para supuestas reservas de bienes inmuebles», explicó el órgano fiscal.
El sentenciado deberá pagar, además, una reparación integral que será notificada en la sentencia escrita.
«Su hermano, Diego Geovanny A. T. -también implicado en el delito- continúa prófugo de la justicia», reza la nota oficial que señala que el monto del perjuicio asciende a 650.700 dólares.
En la audiencia de juzgamiento, el fiscal de Patrimonio Ciudadano, Roberto Vayas, presentó pruebas que demostraron la materialidad y la responsabilidad del sentenciado.
Entre estas figuran versiones de las víctimas, en las que mencionan «haber entregado entre 1.000 y 47.000 dólares (cada uno), así como tablas de amortización sobre los préstamos bancarios que hicieron para cumplir con la entrega del dinero».
Además, pericias grafotécnicas, que determinaron que las firmas encontradas corresponden a la de Daniel Renato A. T., contratos, que incluyen cláusulas que estipulan que en caso de incumplimiento o desistimiento -sea del contratante o el contratado- se fijaba como multa el 30 % de la totalidad de la reserva, entre otros.
La Fiscalía recordó que en 2007, los hermanos Daniel Renato A. T. y Diego Geovanny A. T. abrieron un local inmobiliario, ubicado en la avenida Víctor Hugo y calle Arosemena, en Ambato, con el nombre de «Inmobiliaria Imperio».
Para llevar a cabo el delito, utilizaron el mismo modus operandi, que consistía en buscar a nivel cantonal y provincial inmuebles que estaban en oferta para venderlos.
Sus trabajadores captaban a los dueños de los inmuebles para suscribir un contrato de mandato, para que la inmobiliaria se encargue de las ventas por medio de publicidad en diferentes medios de comunicación, detalló la Fiscalía.
Las víctimas (ciudadanos que buscaban una vivienda o terreno propio) acudían a la inmobiliaria para solicitar la reserva del inmueble, dinero que tiempo después lo perdían por presuntos incumplimientos.
El delito de estafa está tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona el delito con una pena privativa de libertad de cinco a siete años.